Por Anastasia O'Grady
Democracia: Más que el gobierno de la mayoríaEl mayor atractivo de la democracia es la noción de gobierno propio en manos de autoridades representativas, elegidas por votación popular. Sin embargo, Bastiat, en su libro La ley, sostenía que el sufragio universal perdería importancia si un sistema de privilegios reemplazara la igualdad bajo la ley. "De hecho," pregunta,
¿Si la ley se limitase a proteger a todas las personas, todas las libertades y
propiedades, si la ley no fuese más que la combinación organizada del derecho de
los individuos a la defensa propia; si la ley fuese el obstáculo, el control, el
sancionador de toda opresión y saqueo ...nosotros, los ciudadanos, discutiríamos
los límites del derecho al voto?
Este es un punto extremadamente importante: mientras que los auto proclamados estadistas de nuestra época parecen creer que la cualidad más importante de una democracia es que cada persona emita un voto, Bastiat previó certeramente que es la igualdad bajo la ley lo que sería el factor individual más crucial para una sociedad justa. En las encuestas, las actuales democracias latinoamericanas demuestran un alto índice de participación, aunque la pobreza, el privilegio y la corrupción siguen predominando.
El sufragio universal en sí mismo no ha podido producir lo que realmente se necesita: igualdad bajo la ley. Resulta irónico que se oriente tanto esfuerzo a la causa de la libertad política y tan poco a la de la libertad económica. Friedrich Hayek escribió en Camino a la servidumbre, “Hemos abandonado gradualmente aquella libertad en los asuntos económicos sin la cual la libertad personal o política jamás ha existido en el pasado".
Socialismo: La legalización del robo
Bastiat nos advirtió contra la tendencia de pervertir la ley para legalizar lo qué él llamó "saqueo": Resulta difícil imaginarse que no estaba describiendo a tantas democracias latinoamericanas cuando señalaba: “A veces, la ley defiende el saqueo y participa de él. A veces, la ley pone todo el aparato de jueces, policía, prisiones y gendarmes al servicio de los saqueadores y trata a la víctima (cuándo ésta se defiende) como a un criminal. En síntesis, esto es saqueó legal”.
Para identificar el saqueo legal, Bastiat recomienda observar “si la ley quita a ciertas personas lo qué les pertenece y se lo entrega a otros á quienes no les pertenece”. Examinen si la ley beneficia a un ciudadano a expensas de otro haciendo lo qué ese ciudadano por sí mismo no podría hacer sin cometer un delito”. También advirtió que:
Los socialistas desean ejercer el saqueo legal, no el ilegal. Los socialistas,
como todo monopolista, desean hacer de la ley un arma propia. Una vez que la ley
está a favor del socialismo, ¿cómo podría utilizársela en su contra? Porque
cuando el saqueo es alentado por la ley, no teme a los tribunales, ni a los
gendarmes, ni a las prisiones. Sino que los convocará para que lo ayuden.
Nadie podrá vencer al socialismo, prosiguió, en “tanto el saqueo legal siga siendo la actividad principal del Poder Legislativo”. Así, en su minúsculo libro; Frederic Bastiat expuso el ciclo de destrucción que devoraría a América Latina unos 150 años después y explicó por qué los políticos imprudentes como Alan García(*) pueden resucitarse a sí mismos. Las Constituciones están redactadas como para legalizar el saqueo, y una vez que han logrado su objetivo, se convierten en la herramienta perfecta para el socialismo. Desafiar el poder del socialismo con una ley de ese tipo es, en palabra de Bastiat, “ilógico, de hecho, absurdo”. Bastiat no fue el único en marcar la diferencia entre democracia y socialismo. En 1848, Alexis de Tocqueville subrayó que:
La democracia amplía la esfera de la libertad individual; el socialismo, la
reduce. La democracia otorga el máximo valor posible a cada persona; el
socialismo la convierte en un mero agente, un simple número. La democracia y el
socialismo no tienen nada en común excepto una palabra: igualdad. Sin embargo
observen la diferencia: la democracia busca igualad en libertad, el socialismo
igualdad en restricción y servidumbre.
Hayek se hizo eco de estos sentimientos al advertir que el socialismo ha persuadido a las personas de pensamiento liberal a someterse nuevamente a esa disciplina de la vida económica que habían derrocado porque, en palabras de Adam Smith, coloca a los gobiernos en una posición en la que “para sostenerse se ven forzados a ser opresivos y tiránicos”.
Gobierno ilimitado
Actualmente en América Latina la mayoría de las naciones tienen sistemas de voto obligatorio. No obstante, la pobreza y la desigualdad persisten. ¿Por qué? Porque el derecho al voto por sí mismo no crea una sociedad justa. Para lograrla, el poder del gobierno debe ser limitado: El gran éxito económico de Estados Unidos no es un accidente. Los padres fundadores de los Estados Unidos se preocuparon profundamente por el poder del gobierno y se esforzaron por limitarlo. James Madison temía las consecuencias de una democracia que fuese el “gobierno de la mayoría” y que careciese de los controles suficientes. “Pero ¿qué es e1 gobierno en sí, sino el mayor reflejo de la naturaleza humana?” escribió Madison en el N° 51 del Federalist.
Si las personas fuesen ángeles; no habría necesidad de un gobierno. Si los ángeles gobernaran a los seres humanos, no habría necesidad de controles externos ni internos. Al concebir un gobierno, que será administrado por seres humanos sobre seres humanos, la gran dificultad reside en: Primero, se debe permitir que el gobierno controle a los gobernados; e inmediatamente, se lo debe obligar a controlarse a sí mismo.
La Constitución de EE.UU. es breve en comparación con otras, pero ese no es su rasgo más sobresaliente. Está llena de “derechos negativos”; es decir, trata en gran medida sobre lo que los gobiernos no pueden hacer. Es un marcado contraste con la mayoría de las constituciones latinoamericanas, que otorgan al gobierno amplias facultades y responsabilidades, meticulosamente detalladas.
Brasil es un claro ejemplo de un gobierno fuera de control por orden de la Constitución. Al descargarla de la Web,. su extensión supera las 200 páginas. Expresa que entre los “objetivos fundamentales” del gobierno se encuentran “garantizar el desarrollo nacional”, “erradicar la pobreza y la mala calidad de vida; reducir las desigualdades sociales y regionales” y “promover el bienestar de todos”. Los ciudadanos de Brasil, según los términos de su Constitución, tienen derecho a “la educación, la salud, el trabajo, el descanso, la seguridad, la seguridad social, protección de la maternidad y de la niñez, y la asistencia al indigente” Tienen el derecho constitucional a un “piso salarial”, a la no reducción de los salarios y a un aguinaldo anual.
Gozan del derecho a “un pago por las horas extras que debe ser por lo menos un 50% superior al de las horas normales de trabajo” y a una “vacación anual con una remuneración de por lo menos un tercio más que el salario normal”. Además se les garantiza “asistencia gratuita para los niños y familiares a cargo desde el nacimiento hasta los seis años, en guarderías y centros preescolares”.
En la sección de la constitución dedicada a la cultura, se establece que se ha encomendado al gobierno la protección dé la herencia cultural de Brasil mediante “inventarios, registros, decretos de vigilancia para protección de los monumentos, expropiación y otras formas de precaución y preservación”. En la sección dedicada a los deportes, la Constitución especifica que “El gobierno fomentará la recreación, como forma de promoción social”.
Resulta sorprendente que hoy en Brasil, a pesar de tantos “derechos” garantizados de salud, riqueza y felicidad, tantos brasileños permanezcan en la miseria. No obstante, y aun cuando los brasileños no prosperan, la amplia responsabilidad constitucional del gobierno le permite volverse más intervencionista e invasor. No puede generar riqueza; entonces la absorbe de otros para cumplir con su obligación.
Es de imaginarse, por supuesto, que Brasil no es el único caso. La constitución de Perú tiene una sección independiente titulada “El régimen económico”. El Artículo 59 establece que el Estado “estimula la creación de la riqueza” y “ofrece oportunidades de progreso a aquellos sectores afectados por cualquier tipo de desigualdad; al respecto, promueve la pequeña empresa en todas sus formas”. El Artículo 58 especifica que la iniciativa privada “se ejerce dentro de una economía de mercado social”. Bajo esté régimen, el Estado guía el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios e infraestructura públicas”. El Artículo 66 es otra señal de la gran desconfianza del gobierno en relación con la libertad: "Los recursos naturales, renovados o no, son patrimonio de la Nación. El Estado tiene soberanía en su utilización”. La Constitución mexicana establece restricciones similares sobre los recursos naturales del país, al igual que la mayoría de las demás constituciones latinoamericanas.
El problema no reside en el hecho de que Brasil, México o Perú posean tantas leyes perniciosas; también EE.UU. ha coqueteado con la insensatez. El principal obstáculo es que gran parte de la ley está consagrada en la Constitución, por lo que una reforma resulta una tarea monumental. Por ejemplo, en Brasil, las enmiendas constitucionales requieren una mayoría de dos tercios y que se las apruebe dos veces en cada una de las cámaras: un enorme emprendimiento político.
Gobierno ilimitado: Motor de corrupción
Cuando la mayoría gobierna, el poder del gobierno no tiene restricciones, la riqueza se concentrá y los candidatos cómo Alan García adquieren una ventaja automática porque pueden prometer desnudar a los ricos y vestir a los pobres.
No obstante, las mismas facultades ilimitadas que le permiten al candidato formular promesas tan creíbles también brindan oportunidades para la corrupción masiva.Ése es el motivo por el cual los grandes “reformadores” dé la década de los 90,.entre ellos Carlos Saúl Ménem, Alberto Fujimori, Carlos Salinas y Fernando Henrique Cardoso, decepcionaron tan crudamente a sus electores. Con pragmatismo, utilizaron su extenso poder para adoptar una mayor libertad del sector privado, pero también conservaron una discreción ilimitada y, en consecuencia, cayeron víctimas de imputaciones de corrupción generalizada dentro de sus regímenes.
Al analizar estas desilusiones, demasiados observadores confundieron la liberalización prometida inicialmente con la pseudo liberalización de los '90. Recordemos el siguiente ejemplo: un uruguayo me discutía cierta vez que el escándalo de corrupción en la Argentina en el que supuestamente el Banco de la Nación, un banco estatal, adjudicó ilícitamente un contrato a IBM, fue un ejemplo de cómo la privatización genera corrupción: La verdadera razón de ese escándalo fue qué si él Banco de la Nación se hubiese vendido, la empresa habría estado bajo la presión del mercado para otorgar él contrato al oferente más competitivo. Desafortunadamente, en vez de atribuir las fallas del proceso de reforma de los '90 a la falta dé límites del gobierno, muchos han culpado al mercado.
Esta acusación persiste a pesar del hecho de que los gobiernos con plenos poderes manifiestan tendencias a la corrupción. Además, es un argumento que resulta conveniente para los socialistas que desean volver a un mayor control del gobierno sobre la economía y que ha infundido vigor a sus campañas. Un gobierno ilimitado fomenta la corrupción y la concentración de la riqueza. Esta situación despierta mayores demandas de “justicia” por parte de la mayoría y, por lo tanto, mayor populismo, el que, a su vez, genera aun mayor pobreza y corrupción. La popularidad de Alan García sugiere que podría ser imposible quebrar este ciclo sin primero limitar las facultades del gobierno.
La salida: Comercio y competencia
Cambiar el poder ilimitado del gobierno en el mundo en desarrollo no resultará fácil. Después de todo, para lograrlo, los políticos deberían envenenar su propia agua, es decir, tendrían que consentir en restringir sus propias facultades -cosa poco probable que suceda si no cuentan con incentivos poderosos.El mejor aliciente para la reforma gubernamental es el comercio abierto. En un ámbito dé apertura comercial, los gobiernos también deben competir, y esto implica que deberían cercenar sus instintos intervencionistas.
La relación entre el comercio y la restricción gubernamental no es nueva. Como lo señalara Hayek en Camino a la Servidumbre,
La transformación gradual de un sistema jerárquico rígidamente organizado a uno
donde las personas al menos puedan intentar forjar su propia vida, donde puedan
tener la oportunidad de conocer y elegir entre distintos estilos de vida, está
estrechamente asociada con el crecimiento del comercio. Desde las ciudades
Comerciales de Italia del norte, con el comercio se expandió la nueva
perspectiva de vida hacia el oeste y el norte, a través de Francia, y del
sudoeste de Alemania a los Países Bajos y a las Islas Británicas, afianzándose
con firmeza donde no había un poder político despótico que la asfixiara.
En otras palabras, los mercados abiertos ayudan a edificar la democracia porque el comercio permite que un segmento más amplio de la población asuma un papel activo y acumule medios económicos. De hecho, un aumento en la apertura comercial en Perú, desde los últimos años de la década de los '80, podría explicar por qué Alan García no pudo ganar la segunda ronda electoral. Son más los peruanos que hoy, en comparación con 1985, tienen una participación económica que sufriría bajo un gobierno retrógrado, gracias a la mayor apertura de la economía.
A lo largo de la historia, las naciones que han expandido el comercio también han ampliado su libertad política y aumentado su prosperidad. Es importante recordar este hecho cuando EE.UU. observa cómo occidente retrocede hacia un socialismo populista. Ni la ayuda internacional ni la retórica del Primer Mundo pueden sustituir la influencia que las fuerzas del mercado, desatadas por un aumento en la actividad comercial, tendrían sobre la formación de gobiernos responsables y limitados en América Latina. Mantener el status quo de proteccionismo y aislamiento prácticamente garantiza la continuación de demagogos populistas, pobreza social e inestabilidad regional.
(*) Nota de la redacción: admítase en este espacio ubicar al mandatario que prefiera.
