Se lo dijimos, el crédito se restringe

Noticia en El Comercio: El sistema financiero recibe más dinero del que puede colocar

Mientras el volumen de ahorro en el sistema financiero no ha dejado de crecer en estos seis meses, la entrega de créditos se ha desacelerado.
Basta con echar un vistazo a las cifras que mensualmente publica la Superintendencia de Bancos (SBS). Desde enero hasta el 11 de este mes, los depósitos alcanzaron USD 14 002 millones, esto es un 30,2% más de lo registrado en el mismo período del año anterior.
En tanto, la cartera de créditos muestra un menor dinamismo. En los seis meses de este año los préstamos alcanzaron los USD 10 325,1 millones, es decir, un crecimiento del 14% respecto al mismo período del 2007, cuando los créditos venían creciendo a un ritmo superior al 20%.
Retomar el ritmo de colocaciones para Andrés Baquerizo, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, no es un proceso inmediato, ya que los depósitos tuvieron un decrecimiento constante en los primeros ocho meses del 2007.

El Federalista: Este blog advirtió que la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito y de Optimización de la Inversión Pública o llamada "Ley de Justicia Financiera" fallaría miserablemente y que además sería peligrosa para la estabilidad del sistema financiero.

Los efectos de esta ley perniciosa, cuya sección que permitía confiscación los ahorros no fue aprobada por el Congreso, ya se vieron en Agosto del 2007 y diciembre del mismo año.

Y es que por enésima vez repito: las regulaciones de precios, o en este caso de tasas de interés, no sirven ni han servido en ningún lugar ni tiempo en el mundo, 40 siglos de historia escrita así lo confirman, la experiencia lo confirma. La mejor forma de obtener un sistema financiero sano con tasas de interés adecuadas, es desregulando el sistema, estableciendo libre competencia de entidades financieras, establecer estabilidad política y seguridad jurídica y un ambiente de libertad general en todos los sectores económicos. ¿Ya entendió economista Correa o seguirá insistiendo en la estupidez de los controles de precios?

Asamblea y gobierno estatizarán ahorros y sistema financiero

El gobierno virtualmente expropiará la banca destruyendo el sistema financiero, destinando el dinero de nuestros ahorros a ineficientes empresas estatales y en definitiva creando miseria.

Noticia ern El Comercio: La banca privada será un servicio público

Si se aprueba la nueva Constitución, el sistema financiero nacional será considerado como un “servicio público delegable”.Esa definición es parte de un paquete de 34 artículos y una disposición transitoria del nuevo régimen económico, que la próxima semana será sometido a primer debate en el Pleno de la Asamblea Constituyente.
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“Las actividades financieras son un servicio público delegable. Tienen la finalidad de atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país, transfiriendo en forma eficiente el ahorro a la inversión productiva nacional, y al consumo social y ambientalmente responsable”.

El Federalista: Lo que realmente dice este texto es que el Estado se adueña del control del sistema financiero imponiendo y regulando el destino del dinero depositado en los bancos, mutualistas, cooperativas y cajas rurales.

Nótese la frase que dice "atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país" ¿quién decide tales objetivos de país? según la Semplades y la Asamblea Constituyente, tales objetivos serán los que fije el gobierno. Nótese este otro fragmento: "transfiriendo en forma eficiente el ahorro a la inversión productiva nacional" ¿qué entienden los alzamanos del gobierno por "inversión productiva nacional"? obviamente lo que lleva el remoquete de "nacional", es decir, empresas públicas, organismos estatales y proyectos gubernamentales. Nótese finalmente cuando dice "y al consumo social y ambientalmente responsable" ¿Quién define eso de consumo social o ambientalmente responsable? el Estado y su burocracia obedeciendo a lineamientos políticos y no a incentivos de mercado, prácticamente se elimina la inversión privada o se la somete a la censura gubernamental, se burocratiza el crédito y se negará o restringirá el crédito con fines de consumo personal o de proyectos que no sean considerados de "beneficio social".

Tal texto constitucional compromete el crédito de consumo y el financiamiento para proyectos inmobiliarios, comerciales, industriales o educativos. Pues al ser administrados nuestros ahorros estatalmente, no existe ninguna seguridad de que estos no se malgasten como nuestros dineros entregados al IESS o a la incompetente banca de desarrollo. De esta forma todas las actividades productivas están en peligro, pues no sólo enfrentan los nuevos impuestos y regulaciones de precios y mercados, sino que verán restringirse aún más el crédito, de por sí ya escaso debido a la ley de Justicia Financiera aprobada por el gobierno el año pasado.

En la práctica, el Estado y la Asamblea Constituyente nacionalizarán la banca, inflingiendo un duro golpe a la estabilidad financiera del país, impidiendo aún más el otorgamiento del crédito, destruyendo los incentivos para invertir, producir, consumir, comerciar, ahorrar y planear hacia el futuro por parte de las familias y las empresas. En definitiva, creando miseria y desempleo, y mas grave, afectando la libertad personal y destruyendo el Estado de Derecho para reemplazarlo con un sistema de permisos.

Reforma a Central de Riesgos afectará adquisición de créditos

Francamente parece que Rafael Correa fuese un agente encubierto de una potencia extranjera empeñado en destruir el país erosionando sus instituciones. O es esto último o Rafael Correa es un ignorante integral en cuanto a economía en general y sistema financiero en particular. A estas conclusiones se llega luego de conocerse las reformas gubernamentales a la Central de Riesgos.

Noticia en El Comercio: La Central de Riesgos quedó limitada por pedido de Correa - El Comercio

Hasta ayer, la Central de Riesgos era un referente para las entidades bancarias que daban créditos. Cada persona o empresa que realizaba un préstamo pasaba a formar parte de ese listado y recibía una calificación que podía ser A, B, C, D ó E, la cual dependía del cumplimiento del pago.
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Entre las decisiones de la Junta se establece la prohibición de entregar información de los burós de crédito, sin la autorización individual de una persona. En caso de que esto se incumpla se aplicará una sanción penal por el mal uso de la información.
El ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, señaló que por instrucciones del presidente Correa solo el deudor debe constar en la Central de Riesgo.

El Federalista: Expliquemos un poco las barbaridades que se han hecho. Para otorgar un préstamo la entidad financiera recopila una gran cantidad de información del potencial deudor como de su garante, incluída la calificación de riesgo, si tanto deudor como garante tienen una calificación buena y hay bienes que puedan garantizar el crédito, este se otorga, caso contrario el préstamo es negado. Si como ahora gracias a la reforma, no habrá acceso a la información del garante, entonces las entidades financieras se encontrarán más reticentes a entregar préstamos o exigirán que el deudor tenga más bienes que puedan garantizar el pago del préstamo.

En definitiva, las reformas a la Central de Riesgo hace algo que es ingrato con las personas de menor fortuna: permite que los más adinerados (con más bienes como garantía) accedan a crédito pero logra que las personas con menos bienes tengan menor acceso al crédito. Las reformas a la larga profundizarán la inequidad pues sólo las grandes empresas y personas adineradas podrán adquirir préstamos y en mejores condiciones que los pequeños empresarios y familias de menores recursos.

Desde luego habrá de buscarse formas para sobrepasar esta absurda regulación, como solicitar en un crédito la autorización explícita del garante a su información de calificación, o mantener sistemas alternos de calificación. Pero el daño está hecho, el acceso al crédito será más restrictivo y los costos de operación de las entidades financieras serán más altos y serán asumidos por los ahorristas.

Gracias Rafael Correa por hacernos más pobres y dejarnos sin acceso a crédito.

Rafael Correa busca el control de los ahorros a cualquier precio

El gobierno enfrenta dura oposición a ley financiera que busca regular tasas de interés y usar los ahorros de los ciudadanos como caja chica, por ello ahora se apresta a buscar una mayoría en el Banco Central del Ecuador.



Noticia en Diario Hoy: Correa sube su interés en el Banco Central

El Gobierno ha dado un giro a sus críticas en contra del Banco Central del Ecuador (BCE). Incluso, en su veto a la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito, el presidente Rafael Correa desistió en su intención de declarar ilegítimos los bonos de la AGD (por $1 100 millones) que están en poder del organismo económico.
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Según el presidente ejecutivo de Capital Management Solutions, Ricardo Dueñas, esto responde a que el presidente prepara “una jugada muy hábil para mantener el control del directorio de la entidad”. Y es que con la renuncia de Jorge Dávalos, y la salida de Fernando Uzcátegui y Leopoldo Báez, quienes cumplen su período en agosto próximo, se pretendería nombrar vocales afines al Gobierno, con lo cual mantendría una mayoría con tres de los cinco miembros. A eso se suma la intención de nombrar a J. Dávalos en reemplazo de Mauricio Pareja. Según una fuente del Banco Central, esto ya fue acordado la semana pasada en la Presidencia.
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Tal es el acuerdo que, según informó la fuente, el ministro coordinador de la Producción remitió el lunes una invitación dirigida a su familiar cercano, Jorge Dávalos, para que asista en calidad de gerente general del Banco Central a la reunión del frente económico del Gobierno, que se realizará la próxima semana. (GC)

El Federalista: nuevamente las negociaciones bajo la mesa a quien sabe qué precio, son el modus operandi del gobierno de Rafael Correa, repitiendo las perversas y sucias prácticas de gobiernos anteriores. Es así que el gobierno "de manos limpias" evidenciado en las acusaciones de los "diputados de los manteles" de no cumplir con los acuerdos de Puembo y que no se les ha permitido nombrar "ni a un conserje", amenaza ahora con cerrar el Congreso contra-acusando a los diputados como "vendidos" (habriendo sido el gobierno el único comprador).



Con los diputados de los manteles, cual mercenarios de la política, aumentando su precio de sus servicios de "prestavotos", el gobierno ha cambiado de táctica y al parecer está buscando ¿comprando? el apoyo de altos personeros del Banco Central del Ecuador para tener mayoría en el directorio de la entidad y así fijar tasas de interés en forma política con el riesgo para la liquidez del sistema financiero y los ahorros de los ciudadanos.



¿Por qué es malo regular tasas de interés por decreto? porque ningún control de precios ha funcionado en la historia, sino fíjense en los pésimos servicios de transporte urbano con pasaje regulado, el desabastecimiento de gas bajo monopolio de importación estatal y precio oficial, la falta de oferta energética y pagones por falta de mecanismos de competencia en servicios y precios libres en el sector eléctrico, o la quebra del ferrocarril luego de su nacionalización y control burocrático. Hay que ser bastante deficiente en materia económica para insistir en una iniciativa tan peligrosa y siempre ineficaz.

Reducción de tasas y repatriación de fondos por decreto: irresponsabilidad

De nuevo el tema de la banca vuelve al tapete con iniciativas en el Congreso y con rabietas desde Carondelet, es un tema que se resume de la siguiente manera: la irresponsabilidad de los políticos que aumenta la percepción de riesgo e infla las tasas de interés, quiere saldarse con el dinero de los depositantes y accionistas de las entidades financieras creando iliquidez, abriendo la posibilidad de un nuevo feriado bancario, la politización del crédito y la reducción de la oferta crediticia.

Al respecto hace unos meses escribí sobre ambas propuestas cuando Rafael Correa era aun candidato:

Ecuador enfrenta potencial nuevo feriado bancario
Por Danny Ayala Hinojosa

Propuesta de Rafael Correa de repatriación forzada de fondos de los depositantes en el extranjero, de ser llevada a cabo, pone los ahorros familiares en serio peligro

Hace exactamente un año en Cuenca el ahora candidato Rafael Correa manifestó su acuerdo con el diputado socialcristiano León Febres-Cordero sobre el Proyecto de Ley de Rehabilitación Productiva que intentaba obligar a la banca a entregar al Estado los ahorros de los depositantes para que el Banco Central los destine a proyectos que ésta entidad decida. La aprobación a este proyecto la hizo Rafael Correa en el marco del Encuentro Latinoamericano sobre Desarrollo Local, en el mismo evento el candidato manifestó que “hay que exigir a la banca privada que repatríe el dinero que tiene fuera del Ecuador”, estas declaraciones fueron recogidas por varios medios entre ellos Diario El Mercurio de Cuenca.[1]

Al respecto del Proyecto de Ley mencionado, advertí al país sobre los peligros de tal iniciativa, pues ésta implicaba sin sombra de duda la confiscación de los ahorros de los depositantes, es decir, un nuevo feriado bancario, también implicaba la politización del crédito y el encarecimiento del mismo para los sectores familiares y de pequeña y medianas empresas. Por fortuna, este Proyecto de Ley no ha sido aprobado y miles de ecuatorianos aún pueden disponer de su dinero depositado en las instituciones financieras del país, pues varios medios de comunicación presentaron el análisis realizado sobre esta ley[2] y abrieron sus puertas para advertir a la sociedad sobre las consecuencias de la aprobación de este equivocado proyecto.

Hoy en día sin embargo, los ahorros de los depositantes corren peligro nuevamente, ya que abusando de la buena fe de los ecuatorianos, el candidato presidencial, economista Rafael Correa exige la entrega forzada al Estado de los fondos que las instituciones financieras han invertido en el exterior, lo que no se dice es que estos fondos son propiedad de los ecuatorianos que la banca ha puesto a buen recaudo en el extranjero para evitar su depredación por parte de los actores políticos y funcionarios gubernamentales, además, estos dineros generan recursos que respaldan la liquidez del sistema financiero ecuatoriano. Dicho en forma simple, los fondos de los ecuatorianos están mejor respaldados si estos se destinan a inversiones rentables dentro o fuera del país y ahora este beneficio para los ahorristas pretende ser manipulado políticamente.

En declaraciones para Radio Democracia en junio de este año[3], Rafael Correa afirmó que buscará traer 2.500 millones de dólares al Ecuador correspondientes a depósitos de los ecuatorianos que la banca ha colocado en el exterior, y, utilizando la misma argumentación usada por León Febres-Cordero, insistió en que el dinero sería utilizado por el Estado para invertir en proyectos eléctricos y de telecomunicaciones, a fin de cuentas, una nueva expropiación de depósitos para que el Estado lo malgaste financiando refinerías por colapsar, empresas eléctricas arruinadas y monopolios de telecomunicaciones ineficientes. También, y repetidamente, el candidato Rafael Correa ha renegado de la dolarización tildándola de “sistema perverso”, ignorando así a la opinión pública que ha visto creciente estabilidad económica luego de implementada la dolarización. Mas ello también implica ignorar los evidentes síntomas de mejoría que ha tenido la economía ecuatoriana en los últimos años: aumento del PIB, aumento del ingreso familiar, reducción de la inflación y de las tasas de interés, menor riesgo país, menor costo de la deuda externa, aumento de las importaciones y las exportaciones petroleras y no-petroleras etc.

Como podrían repatriarse los depósitos en el extranjero y destruir la dolarización
La primera opción, imponer un tributo a la salida de capitales. Esta es una medida ineficaz para repatriar los ahorros ecuatorianos en el extranjero, pues únicamente gravaría a los capitales que salen del país pero sin afectar los fondos que ya se encuentran fuera, esta medida ya significaría un costo financiero mas que será trasladado a los clientes y accionistas de las instituciones financieras.

Imponer un tributo mensual, semestral o anual a los capitales que se encuentren en el extranjero. Esta medida tendría un efecto igualmente desastroso en la economía pero tampoco sería eficaz para forzar el ingreso de fondos al Ecuador. Esta medida haría más costosas las operaciones financieras y obligaría al cierre de las instituciones financieras en el Ecuador, reservándose su funcionamiento en sus filiales en el extranjero. Esto elevaría las tasas de interés debido a la escasez de ahorro disponible y la poca competencia local causada.

Una forma “viable” igualmente ilegítima como las anteriores de repatriar fondos al Ecuador, es incautando total o parcialmente los ahorros del país para forzar a la banca a respaldar las operaciones locales con transferencia de fondos del extranjero. Un nuevo feriado bancario.
Cualquiera de las tres medidas anteriores causará un grave impacto en la economía ecuatoriana en distinto grado, cualquiera de ellas descapitalizará al sistema financiero, cualquiera de ellas implicará un aumento de tasas de interés, cualquiera de ellas generará pánico y retiros masivo de ahorros, cualquiera de estas medidas generará un nuevo colapso financiero de grandes proporciones tarde o temprano.

Junto con la ruina de miles de familias y empresas que no podrán obtener crédito ni podrán pagar préstamos ya adquiridos, los ingresos gubernamentales descenderán debido a una reducción drástica de las recaudaciones tributarias, por otra parte, los ahorros incautados a la ciudadanía serán destinados a financiar gasto público e inversiones estatales de dudosa rentabilidad pero además significará que muchas inversiones y gastos planeados por las cabezas de familia y por el sector empresarial serán cancelados o postergados. Un factor que ahondará la crisis tanto del sector privado como del gubernamental.

Junto al debilitamiento de las finanzas de la gente, de la empresas y del gobierno, la posibilidad de que el Estado no pueda afrontar sus obligaciones internacionales y la amenaza de una reestructuración unilateral de la deuda externa como en el caso de Argentina, aumentará el riesgo país alertando a los inversionistas a evitar entrar al Ecuador pero sobretodo implicará un aumento en los intereses de la deuda externa ecuatoriana.

Pero la amenaza de un “default”, es decir, de una reestructuración unilateral de la deuda, ya fue hecha por el economista Correa en Nueva York el pasado 12 de septiembre y fue recogida por los medios especializados.[4] La sola mención del candidato de la posibilidad de una reestructuración de la deuda “a la Argentina” causó un aumento del riesgo país, que ya lleva subiendo más de 40 puntos en los últimos días. El candidato Rafael Correa aún no ha llegado a la primera vuelta electoral y ya le ha causado un millonario perjuicio al país con sus temerarias declaraciones que le están significando al Ecuador un aumento del pago de la deuda externa.

Finalmente, las acciones realizadas y las acciones propuestas, encaminarán al país a un desbalance en sus finanzas, pretexto que sería usado por el economista Rafael Correa -de llegar al poder- para incautar los dólares en el sistema y emitir una nueva moneda devaluada manipulable para financiar artificialmente el gasto público y el pago de las promesas hechas en campaña, para a su vez, mantener en marcha su programa de ingeniería social basada en premisas más ideológicas que racionales.

Todas las medidas mencionadas desde luego serían realizadas en forma autoritaria pues los primeros decretos prometidos por Rafael Correa instituirán una Asamblea Constituyente de plenos poderes que descabezarían al Congreso, la Suprema Corte, el Alto Mando Militar y Policial, los tribunales Electoral y Constitucional y las entidades de control y fiscalización convirtiendo a Ecuador en una dictadura.

Conclusiones

Llama la atención las coincidencias en cuanto a la intervención en los ahorros de los depositantes, entre el Economista Rafael Correa y León Febres-Cordero, y el escaso apoyo de éste último a la candidata presidencial de su propio partido, en una actitud que no deja de causar sorpresa.
El Economista Rafael Correa es un detractor declarado de la política monetaria responsable, de la apertura comercial, del concepto de propiedad y de la democracia representativa. Rafael Correa apoya el intervensionismo autoritario en la economía. Y obra en consecuencia.

El programa de reformas económicas y políticas que abriga el Economista Rafael Correa tiende a fomentar pasadas e ineficaces formas de manejo económico: devaluación, sustitución de importaciones, política de subsidios, burocratismo, sistemas de privilegios, cierre y monopolización de mercados. Y obra en consecuencia.

El Economista Rafael Correa quiere provocar una crisis económica general que incluya un feriado bancario y un cese de pagos y señalar como culpable a la dolarización, luego instalar un sistema monetario que privilegie a ciertos sectores económicos que lo respaldan e instalar un sistema político dictatorial que impida cualquier fiscalización a su labor de gobierno. Y está obrando en consecuencia.

NOTAS:

1. Diario El Mercurio, 2005, “ExMinistro Correa de acuerdo con LFC”, Septiembre 22. Enlace al artículo2. Diario El Mercurio, 2006, “Proyecto de LFC es inviable para país”, Febrero 28. Enlace al artículo3. EcuadorInmediato sobre declaraciones en Radio Democracia, 2006, “Correa buscará recuperar empresas petroleras y eléctricas”, Junio 26. Enlace al artículo4. Bloomberg.com, 2006, “Ecuadorean Candidate Correa Says He Might Renegotiate Debt”, Septiembre 12. Enlace al artículo