Gobierno de Rafael Correa prepara atraco a gran escala

Antes fueron confiscadas sin debido proceso las tierras vinculadas a controversiales casos de salvatajes bancarios, ahora se planea atracar las propiedades no trabajadas, mañana sin duda será atracada cualquier propiedad sin ni siquiera medie pretexto.

Noticia en El Comercio: Los tierras privadas, en la mira del Estado

Aunque no ha finalizado el catastro de tierras privadas incultas, el ministro de Agricultura, Ramón Espinel, anunció ayer que el gobierno ha identificado cerca de 35 000 hectáreas que en las próximas semanas entrarán en el proceso expropiación al determinarse que han permanecido improductivas por más de dos años.

El funcionario, sin embargo, no dio a conocer dónde están situados estos terrenos, pero indicó que forman parte de un estimado de 1 500 000 hectáreas privadas incultas en el país. Espinel tampoco indicó cómo serán valoradas estas tierras, aunque dijo que se descontará del precio de venta, la inversión realizada por el Estado en canales de riego o carreteras que hayan mejorado su plusvalía.
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También informó que de las 130 000 hectáreas del Estado destinadas a entregarse a los pequeños productores, 65 000 están en condiciones de ser transferidas y el resto aún permanece bajo análisis, ya que algunas extensiones son parte de bosques, páramos y reservas naturales.

El Federalista: El nombre para la expropiación que se avecina se llama atraco, la expropiación es un delito de coacción que puede demandarse contra particulares pero sin embargo no se aplica al Estado central o local, por esa subversión de la razón y falla ética llamada "derecho positivo".

La coacción es, para que sepamos en que arena nos movemos, un delito que consiste en el uso de la violencia o la intimidación para obligar a una persona a realizar una acción que no realizaría voluntariamente, o por los mismos medios bárbaros obligar a un individuo a abstenerse de realizar una acción legítima. La expropiación siendo la transferencia de la titularidad privada sobre bienes hacia el Estado vía coacción, es por naturaleza un acto ilegítimo, dictatorial, arbitrario y antijurídico. Y sin embargo es un instrumento vigente en constituciones y legislaciones de casi todo el mundo, evidenciando los abismos morales en los que buena parte de la sociedad ha decido vivir.

La expropiación es más condenable que la confiscación aunque la última figura es notoriamente más drástica para el afectado y claramente vista como un abuso del derecho. Es más condenable la expropiación porque esta consiste es un doble acto arbitrario: por una parte se coerciona a un particular a entregar su propiedad con una compensación -determinada generalmente en forma arbitraria-, y por otra parte, el dinero de la compensación otorgada por el Estado, no pertenece a este, sino que a su vez es fruto de un despojo anterior hecho a los ciudadanos mediante impuestos.

Es por esto que, regresando a la noticia motivo de este post, la expropiación planeada por el gobierno de Rafael Correa es de hecho un inmenso plan de atraco a los ciudadanos. El gobierno incurre en confiscación de los recursos de los ciudadanos a través de impuestos, primera arbitrariedad, para luego "compensar" con esos recursos a particulares a los que se les ha obligado a entregar sus bienes, segunda arbitrariedad.

Bajo este argumento basado en la ética, sobra decir que los resultados de la práctica de la expropiación genera inseguridad jurídica, paraliza las inversiones, disloca las actividades agropecuarias y agroindustriales y genera pobreza y desempleo. Expropiaciones masivas, llamadas "reformas agrarias" se hicieron antes en Ecuador y muchos otros países con los mismos resultados señalados desastrosos (y nadie ha podido demostrar resultados positivos). Incurrir en el mismo error sólo tiene una causa: la ignorancia; un resultado: pobreza y un objetivo: concentrar y ejercer poder total para obtener réditos políticos y económicos mezquinos para una reducida camarilla.

Heroísmo y Tesoro Público

Por Francisco Capella

Yo he construido este puente. Yo he restaurado esta obra de arte. Yo he salvado cientos de vidas." ¿A quién pueden atribuirse estas poco humildes declaraciones? ¿A algún estupendo filántropo? ¿A un superhéroe? Sería interesante conocer a alguien así, aunque pueda parecer algo chulesco presumir tanto de sus logros. Tal vez no lo haya hecho todo solo, pero le gusta resaltar su participación.

Según la publicidad del Tesoro Público, estas grandes personalidades son todos aquellos que adquieren sus productos financieros; gracias a ellos España va bien, con una economía moderna y europea. Este alarde de individualismo resulta extraño es una institución tan fundamentalmente colectivista y éticamente ilegítima como es el Tesoro Público.

Los miembros del Estado no se quedan satisfechos con el expolio permanente de riqueza que consiguen mediante los impuestos. Para poder llevar a cabo todas sus actividades populistas, necesitan además pedir dinero prestado a los ciudadanos. Una persona incauta puede tal vez pensar que su dinero está siendo bien invertido por probos funcionarios que obtendrán beneficios con los cuales devolverle su capital y los intereses correspondientes. Pero en realidad su dinero va a una caja común en la cual los políticos meten mano para financiar sus múltiples gastos, y lo que hacen los burócratas es prometer que en el futuro seguirán robando lo que haga falta (a todos, incluido el ingenuo prestamista) para pagar sus deudas pasadas (hasta que los ciudadanos se harten, digan basta y el Estado se declare en quiebra).

El Tesoro Público compite de forma desleal con las empresas que buscan financiación, dificultando la obtención de crédito a las personas realmente productivas. Los auténticos inversores son particulares que asumen riesgos y ponen sus posesiones a disposición de empresarios que llevan a cabo actividades auténticamente beneficiosas en un mercado libre. Un empresario que pide prestado necesita una reputación de eficiencia que el Estado no requiere, ya que cuenta con la fuerza de las armas, el monopolio de la emisión fraudulenta de moneda y el Boletín Oficial.

Reconozco que yo he contribuido, en contra de mi voluntad y mis preferencias particulares, con el dinero que me ha sido confiscado por la Hacienda Pública, a construir ese puente, a restaurar esa obra de arte, y a salvar cientos de vidas. Eso sí, todo ello de forma patéticamente ineficiente. Me consuelo pensando que no mantengo relaciones con el Tesoro Público.

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Se vienen las expropiaciones

Noticia en El Comercio: La Asamblea aprueba cuatro artículos sobre la propiedad

El contenido de los artículos experimentó cambios con relación al articulado tramitado en primero y en segundo debates.
Uno de esas modificaciones fue excluir la definición de la función social y ambiental de los distintos tipos de propiedad. En principio, Acuerdo País había señalado que la función social y ambiental significaba que toda propiedad debía responden a la justicia redistributiva y al buen vivir, de conformidad con la ley.
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Asimismo, se realizaron ajustes a la expropiación. El articulado precisa que la expropiación solo podrá aplicarse para la ejecución de planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo.
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Allí se ratifica la eliminación del latifundio y la concentración de la tierra. Además, que “el Estado podrá expropiar la tierra de vocación agrícola y pecuaria que no cumpla la función social y ambiental, de conformidad a la ley”.

El Federalista: El gobierno y la Asamblea son hábiles tramposos pero no han engañado al autor de esta columna. Las expropiaciones y confiscaciones se vienen señores, ya lo hicieron con la empresa Occidental, con las mineras y las utilidades petroleras con la constitución vigente, sin duda lo harán con la nueva constitución.

Se ha eliminado del texto la "función social y ambiental" obligatoria sobre la propiedad, pero se mantiene la facultad de expropiar por parte del gobierno con motivo de planes de desarrollo social, manejo ambiental y "bienestar colectivo". Este artículo será usado para intervenir en empresas, confiscar predios y regular la tierra arable en producción u ociosa para quitársela al propietario. Mañana la burocracia pública diseñará e impondrá planes de desarrollo o de manejo ambiental que incluyan la expropiación a un precio arbitrario de miles de propiedades rurales o urbanas.

Que no nos engañen, el gobierno quiere hurtar los bienes de los ciudadanos para sus fines ideológicos personales.

Se vienen expropiaciones, control de precios y prohibiciones

Que nadie se engañe, Rafael Correa y su equipo quieren convertir al país en una Cuba de los Andes.

Noticia publicada en La Hora: Exportación será condicionada a los excesos de producción

La prohibición de exportar alimentos para garantizar el consumo interno será respaldada por la nueva Constitución. Esto lo recoge el articulado de Soberanía Alimentaria de la Mesa de Trabajo para segundo y definitivo debate.
Un artículo señala que se promoverá y facilitará “la producción agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía popular solidaria, a fin de que se destinen fundamentalmente al consumo local y nacional”.
Irina Cabezas (AP) indicó que la prioridad serán los ecuatorianos y que si hay excedente de productos será posible la agroexportación.
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El articulado establece que el Estado normará el uso y acceso a la tierra que cumpla con la función “social y ambiental”. Garantiza a través de “políticas de redistribución” el acceso de los campesinos al agua, a la propiedad de la tierra y a más recursos productivos.

El Federalista: El articulado es un flagrante atropello a las libertades individuales, pues somete a los productores a prohibiciones de exportación de su legítima propiedad si la burocracia estatal así lo considera, el derecho se reemplaza por el permiso gracioso de una autoridad.

Según el texto constitucional, será el Estado y no el propietario, el que definirá las prioridades de a donde se destinará la producción, y definirá lo qué constituye un "excedente". Por tanto los arroceros, soyeros, maiceros y cualquier otro productor agropecuario, no dispondrán de su producción libremente para exportación sino que será la autoridad la que lo permita o niegue, configurando así una evidente confiscación de la propiedad, pues si un funcionario gubernamental decide por sobre el productor acerca de a donde puede venderse el producto, entonces el bien producido dejó de pertenecer cabalmente al productor, ha sido confiscado porque el productor ya no decide sobre el destino del fruto de su esfuerzo.

Señores y señoras, esto es el socialismo.

Además, la constitución garantiza "políticas de redistribución" de tierras y agua, no otra cosa que expropiaciones, es decir, extorsión estatal para obligar a los productores a vender su propiedad a un precio fijado arbitrariamente por valoradoras o funcionarios afines al gobierno. Se ha dicho además que las expropiaciones se harán sólo a propiedades ociosas, como si el robo a la propiedad dejase de serlo si el objeto del propietario no está siendo utilizado. ¿O es que acaso el robo de un auto en la cochera se puede legitimar si el auto está sin uso? ¿puede entrar un ladron impunemente a robar joyas que mi señora no está usando?

La cleptomanía del socialismo ha venido para hacerse con el santo y la limosna.

Asamblea y gobierno estatizarán ahorros y sistema financiero

El gobierno virtualmente expropiará la banca destruyendo el sistema financiero, destinando el dinero de nuestros ahorros a ineficientes empresas estatales y en definitiva creando miseria.

Noticia ern El Comercio: La banca privada será un servicio público

Si se aprueba la nueva Constitución, el sistema financiero nacional será considerado como un “servicio público delegable”.Esa definición es parte de un paquete de 34 artículos y una disposición transitoria del nuevo régimen económico, que la próxima semana será sometido a primer debate en el Pleno de la Asamblea Constituyente.
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“Las actividades financieras son un servicio público delegable. Tienen la finalidad de atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país, transfiriendo en forma eficiente el ahorro a la inversión productiva nacional, y al consumo social y ambientalmente responsable”.

El Federalista: Lo que realmente dice este texto es que el Estado se adueña del control del sistema financiero imponiendo y regulando el destino del dinero depositado en los bancos, mutualistas, cooperativas y cajas rurales.

Nótese la frase que dice "atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país" ¿quién decide tales objetivos de país? según la Semplades y la Asamblea Constituyente, tales objetivos serán los que fije el gobierno. Nótese este otro fragmento: "transfiriendo en forma eficiente el ahorro a la inversión productiva nacional" ¿qué entienden los alzamanos del gobierno por "inversión productiva nacional"? obviamente lo que lleva el remoquete de "nacional", es decir, empresas públicas, organismos estatales y proyectos gubernamentales. Nótese finalmente cuando dice "y al consumo social y ambientalmente responsable" ¿Quién define eso de consumo social o ambientalmente responsable? el Estado y su burocracia obedeciendo a lineamientos políticos y no a incentivos de mercado, prácticamente se elimina la inversión privada o se la somete a la censura gubernamental, se burocratiza el crédito y se negará o restringirá el crédito con fines de consumo personal o de proyectos que no sean considerados de "beneficio social".

Tal texto constitucional compromete el crédito de consumo y el financiamiento para proyectos inmobiliarios, comerciales, industriales o educativos. Pues al ser administrados nuestros ahorros estatalmente, no existe ninguna seguridad de que estos no se malgasten como nuestros dineros entregados al IESS o a la incompetente banca de desarrollo. De esta forma todas las actividades productivas están en peligro, pues no sólo enfrentan los nuevos impuestos y regulaciones de precios y mercados, sino que verán restringirse aún más el crédito, de por sí ya escaso debido a la ley de Justicia Financiera aprobada por el gobierno el año pasado.

En la práctica, el Estado y la Asamblea Constituyente nacionalizarán la banca, inflingiendo un duro golpe a la estabilidad financiera del país, impidiendo aún más el otorgamiento del crédito, destruyendo los incentivos para invertir, producir, consumir, comerciar, ahorrar y planear hacia el futuro por parte de las familias y las empresas. En definitiva, creando miseria y desempleo, y mas grave, afectando la libertad personal y destruyendo el Estado de Derecho para reemplazarlo con un sistema de permisos.