Asamblea y gobierno estatizarán ahorros y sistema financiero

El gobierno virtualmente expropiará la banca destruyendo el sistema financiero, destinando el dinero de nuestros ahorros a ineficientes empresas estatales y en definitiva creando miseria.

Noticia ern El Comercio: La banca privada será un servicio público

Si se aprueba la nueva Constitución, el sistema financiero nacional será considerado como un “servicio público delegable”.Esa definición es parte de un paquete de 34 artículos y una disposición transitoria del nuevo régimen económico, que la próxima semana será sometido a primer debate en el Pleno de la Asamblea Constituyente.
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“Las actividades financieras son un servicio público delegable. Tienen la finalidad de atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país, transfiriendo en forma eficiente el ahorro a la inversión productiva nacional, y al consumo social y ambientalmente responsable”.

El Federalista: Lo que realmente dice este texto es que el Estado se adueña del control del sistema financiero imponiendo y regulando el destino del dinero depositado en los bancos, mutualistas, cooperativas y cajas rurales.

Nótese la frase que dice "atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país" ¿quién decide tales objetivos de país? según la Semplades y la Asamblea Constituyente, tales objetivos serán los que fije el gobierno. Nótese este otro fragmento: "transfiriendo en forma eficiente el ahorro a la inversión productiva nacional" ¿qué entienden los alzamanos del gobierno por "inversión productiva nacional"? obviamente lo que lleva el remoquete de "nacional", es decir, empresas públicas, organismos estatales y proyectos gubernamentales. Nótese finalmente cuando dice "y al consumo social y ambientalmente responsable" ¿Quién define eso de consumo social o ambientalmente responsable? el Estado y su burocracia obedeciendo a lineamientos políticos y no a incentivos de mercado, prácticamente se elimina la inversión privada o se la somete a la censura gubernamental, se burocratiza el crédito y se negará o restringirá el crédito con fines de consumo personal o de proyectos que no sean considerados de "beneficio social".

Tal texto constitucional compromete el crédito de consumo y el financiamiento para proyectos inmobiliarios, comerciales, industriales o educativos. Pues al ser administrados nuestros ahorros estatalmente, no existe ninguna seguridad de que estos no se malgasten como nuestros dineros entregados al IESS o a la incompetente banca de desarrollo. De esta forma todas las actividades productivas están en peligro, pues no sólo enfrentan los nuevos impuestos y regulaciones de precios y mercados, sino que verán restringirse aún más el crédito, de por sí ya escaso debido a la ley de Justicia Financiera aprobada por el gobierno el año pasado.

En la práctica, el Estado y la Asamblea Constituyente nacionalizarán la banca, inflingiendo un duro golpe a la estabilidad financiera del país, impidiendo aún más el otorgamiento del crédito, destruyendo los incentivos para invertir, producir, consumir, comerciar, ahorrar y planear hacia el futuro por parte de las familias y las empresas. En definitiva, creando miseria y desempleo, y mas grave, afectando la libertad personal y destruyendo el Estado de Derecho para reemplazarlo con un sistema de permisos.