Gobierno de Rafael Correa prepara atraco a gran escala

Antes fueron confiscadas sin debido proceso las tierras vinculadas a controversiales casos de salvatajes bancarios, ahora se planea atracar las propiedades no trabajadas, mañana sin duda será atracada cualquier propiedad sin ni siquiera medie pretexto.

Noticia en El Comercio: Los tierras privadas, en la mira del Estado

Aunque no ha finalizado el catastro de tierras privadas incultas, el ministro de Agricultura, Ramón Espinel, anunció ayer que el gobierno ha identificado cerca de 35 000 hectáreas que en las próximas semanas entrarán en el proceso expropiación al determinarse que han permanecido improductivas por más de dos años.

El funcionario, sin embargo, no dio a conocer dónde están situados estos terrenos, pero indicó que forman parte de un estimado de 1 500 000 hectáreas privadas incultas en el país. Espinel tampoco indicó cómo serán valoradas estas tierras, aunque dijo que se descontará del precio de venta, la inversión realizada por el Estado en canales de riego o carreteras que hayan mejorado su plusvalía.
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También informó que de las 130 000 hectáreas del Estado destinadas a entregarse a los pequeños productores, 65 000 están en condiciones de ser transferidas y el resto aún permanece bajo análisis, ya que algunas extensiones son parte de bosques, páramos y reservas naturales.

El Federalista: El nombre para la expropiación que se avecina se llama atraco, la expropiación es un delito de coacción que puede demandarse contra particulares pero sin embargo no se aplica al Estado central o local, por esa subversión de la razón y falla ética llamada "derecho positivo".

La coacción es, para que sepamos en que arena nos movemos, un delito que consiste en el uso de la violencia o la intimidación para obligar a una persona a realizar una acción que no realizaría voluntariamente, o por los mismos medios bárbaros obligar a un individuo a abstenerse de realizar una acción legítima. La expropiación siendo la transferencia de la titularidad privada sobre bienes hacia el Estado vía coacción, es por naturaleza un acto ilegítimo, dictatorial, arbitrario y antijurídico. Y sin embargo es un instrumento vigente en constituciones y legislaciones de casi todo el mundo, evidenciando los abismos morales en los que buena parte de la sociedad ha decido vivir.

La expropiación es más condenable que la confiscación aunque la última figura es notoriamente más drástica para el afectado y claramente vista como un abuso del derecho. Es más condenable la expropiación porque esta consiste es un doble acto arbitrario: por una parte se coerciona a un particular a entregar su propiedad con una compensación -determinada generalmente en forma arbitraria-, y por otra parte, el dinero de la compensación otorgada por el Estado, no pertenece a este, sino que a su vez es fruto de un despojo anterior hecho a los ciudadanos mediante impuestos.

Es por esto que, regresando a la noticia motivo de este post, la expropiación planeada por el gobierno de Rafael Correa es de hecho un inmenso plan de atraco a los ciudadanos. El gobierno incurre en confiscación de los recursos de los ciudadanos a través de impuestos, primera arbitrariedad, para luego "compensar" con esos recursos a particulares a los que se les ha obligado a entregar sus bienes, segunda arbitrariedad.

Bajo este argumento basado en la ética, sobra decir que los resultados de la práctica de la expropiación genera inseguridad jurídica, paraliza las inversiones, disloca las actividades agropecuarias y agroindustriales y genera pobreza y desempleo. Expropiaciones masivas, llamadas "reformas agrarias" se hicieron antes en Ecuador y muchos otros países con los mismos resultados señalados desastrosos (y nadie ha podido demostrar resultados positivos). Incurrir en el mismo error sólo tiene una causa: la ignorancia; un resultado: pobreza y un objetivo: concentrar y ejercer poder total para obtener réditos políticos y económicos mezquinos para una reducida camarilla.

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Señaló que varios medios de comunicación consideran que la figura del desacato consiste en que una persona se sienta embestida de un poder omnímodo que impide de que cualquier persona pueda cuestionarlo o pueda hacer alguna pregunta, alguna cosa que le resulte molesta u ofensiva.
“Esos delitos de desacato desaparecieron en el Siglo XVIII de casi todas las legislaciones y como rezago de viejas dictaduras en el Ecuador se la restituyó en el año 65 por la dictadura militar del 65 – 67 y quedó como figura en desuso que ningún dictador se atrevió a aplicar esta figura. No tiene nada que ver con la injuria o la calumnia en las cuales existe un procedimiento penal que es absolutamente claro para perseguir a quien haya ofendido a una persona”, explicó Vivanco.
Informó que dentro de la etapa de indagación previa se ha restado una serie de pruebas y diligencias, pero el Ministerio Público nunca ha concedido ni una sola providencia, “pensando que con eso nos impedían la defensa”.
Aseguró que los abogados del diario La Hora durante el año han demostrado los fundamentos en los cuales estaba orientado el historial respecto a la violencia oficial que se causó para disolución del Congreso, la toma del Tribunal Constitucional y la toma del Tribunal Supremo Electoral.

El Federalista: Para cuando Ecuador regrese a la democracia y exista un Estado de Derecho, habrán de juzgarse a todos los funcionarios de gobierno, de la Asamblea Constituyente, de las instituciones de control, de la banca estatal, etc. por diversos crímenes contra las libertades civiles, contra la seguridad jurídica y el Estado de Derecho.

Mientras tanto, la ciudadanía continuará esta suerte de resistencia silenciosa a cada despropósito diario que proviene del Gobierno y de la inconstitucional Asamblea Constituyente. Sin oposición visible, sin partidos, sin cámaras ni gremios opinando y con movimientos sociales cómplices o sospechosamente silenciosos , sólo nos queda la ciudadanía no organizada para oponerse a cada atropello del gobierno, atropellos como la persecución judicial a medios de comunicación y periodistas. Nos queda levantar nuestra voz para saludar el valor de Diario La Hora, su director y sus trabajadores, y al mismo tiempo rechazar las disposiciones dictatoriales de un gobierno y una asamblea escasos de legitimidad como de inteligencia.