Showing posts with label justicia imparcial. Show all posts
Showing posts with label justicia imparcial. Show all posts

Monday, September 21, 2009

Jueces denuncian presión del nuevo dueño del país

Noticia publicada en El Comercio: Los jueces de Quito denuncian presiones
El auditorio de los juzgados de Pichincha se convirtió en un foro para que los jueces se destapen. Unos denunciaron que son presionados por funcionarios del Estado: asesores ministeriales y delegados de organismos de control. En cambio, los delegados de la Judicatura replicaron que las sentencias las redactan bufetes de abogados.
La cita ocurrió el jueves pasado y fue convocada para informar a los judiciales sobre el nuevo Plan Nacional Anticorrupción. Unos 50 jueces y empleados se reunieron en el remodelado salón. Allí estuvieron representantes de las áreas Penal, Civil, Laboral, etc.
Uno de los que tomó la palabra fue el juez Vigésimo Quinto de lo Civil, Iván Cevallos, quien explicó que los funcionarios del Régimen ejercen presión. Dijo que los amenazan, que si no fallan como ellos quieren se presentarán quejas y que serán sancionados por el Consejo de la Judicatura. Esa denuncia fue respaldada por otros judiciales, pero ellos no dieron públicamente sus nombres.

El Federalista: Pero por supuesto que existen presiones y persecución política, tanto a quienes se les encomendó la tarea de impartir justicia como a quienes se oponen al régimen del dictador.

Esta situación no cambiará mientras la tiranía del correato no sea desmantelada, y ello no sucederá si no denunciemos en voz alta cada uno de sus abusos.

Los esbirros de Correa parapetados tras la Secretaría Anticorrupción no son los indicados para hablar de ética ni de planes anticorrupción, pues al igual que todos los funcionarios del gobierno, han callado frente a los evidentes atropellos y latrocinios de los funcionarios del gobierno de Correa. Pregunto ¿quién está preso por el escándalo de los Pativideos, dónde objetivamente se perjudicó a los ciudadanos al especular con seguros de deuda? ¿quién está acusado de los contratos sin concurso (a dedo) del almacenamiento de gas o del proyecto Coca Codo Sinclair? ¿cómo es que de más de 160 millones de dólares en contratos para Fabricio Correa, el hermano del sabelotodo de Carondelet, este último "nunca supo nada"?

Pero el problema va más allá. A pretexto del combate anticorrupción, que brilla por la ausencia de resultados, el gobierno busca convertirse en un Estado policial, espía e interventor de la vida privada de las personas. Lean atentamente en la misma nota de El Comercio:

En el Plan Nacional Anticorrupción también se estableció la posibilidad de investigar actos de corrupción, en coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Esta propuesta establece que la Secretaría pueda obtener información, incluso reservada, como el sigilo bancario, las indagaciones previas, etc. El plan señala que para ello se deberán hacer reformas a las leyes de Extinción de Dominio, contra el Tráfico de Influencias, de Lavados de Activos, Ley de Instituciones del Sistema Financiero, Código de Procedimiento Penal y al Código Civil.

Esto permitirá tener acceso al Registro Civil, al Registro de la Propiedad, a la Superintendencia de Compañías, al Registro Mercantil, a la Superintendencia de Bancos, al Tribunal Contencioso Administrativo, al Ministerio Público, a la Contraloría y al Consejo de la Judicatura.

En resumen, la Secretaría Anticorrupción, una agencia ligada directamente a la Presidencia tendrá la capacidad de espiar a los ciudadanos, violentando el derecho fundamental a la privacidad de los individuos, desbordando las funciones del poder ejecutivo y violando el sistema de pesos y contrapesos que debería tener una República (cosa que en la actualidad Ecuador no es). Porque debiera ser función de las cortes de justicia, no del poder ejecutivo, obtener información personal y allí sólo mediante un juicio que observe el debido proceso.

Señores y señoras, lo anterior, por concepto es lo que define a un Estado totalitario, una organización inmoral que atropella derechos individuales, atropella toda noción de legitimidad, se arroga funciones que no le competen y destruye todo rastro de República. De hecho esto es, y sin lugar a duda,s uno de los mayores actos de corrupción, un atraco contra la libertad de las personas .

Thursday, May 08, 2008

Asambleísta César Rodríguez quiere manipular a jueces

El asambleísta César Rodríguez que promueve el mandato judicial busca con ello chantajear o remover jueces que procesan causas en su contra.

Noticia en El Comercio: El asambleísta Rodríguez tiene cinco procesos en los juzgados

Los entuertos judiciales del asambleísta de Alianza País, César Rodríguez, fueron sacados ayer a la luz por magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Rodríguez aparece como el artífice de un polémico proyecto de mandato que busca cambiar a 12 magistrados y tres conjueces de las salas Primera Civil, Segunda Civil, Segunda Penal y Primera Laboral. El argumento es que “han cometido actos que empañan su labor como magistrados”.
En horas de la mañana, antes de la instalación de la sesión del Pleno, el magistrado Luis Abarca, uno de los posibles afectados por el proyecto, entregó a los medios de comunicación un documento con una lista de los procesos judiciales que se iniciaron en contra del asambleísta César Rodríguez. Eso generó más malestar entre los jueces que podrían ser afectados, quienes anunciaron que investigarán los procesos judiciales de Rodríguez para determinar si existe algún tipo de interés del funcionario para que quiera cambiar a los jueces de esas salas. Se trata 17 juicios: 11 civiles y seis penales. Todos están relacionados con denuncias de supuesta creación ilegal de cooperativas de vivienda. De estos juicios, ocho prescribieron y cuatro fueron desestimados. Están activos, que se iniciaron en el 2007, y se encuentran en trámite en los juzgados Vigésimo y Vigésimo Cuarto. Uno más está en el Juzgado Noveno de lo Civil y otro en el Quinto de lo Penal por un supuesto peculado. Además, contra el asambleísta pesa un juicio por injurias planteado en 1997 por Elsa Valles, en el Juzgado Primero de lo Penal.
...
En tanto, el juez Mauro Terán aseguró que se quiere reorganizar una de las salas por la sentencia emitida por su judicatura (Primera Civil) a favor de un ex empleado de la empresa Guapán. En ese caso, la Sala entregó una indemnización al ex empleado Luis Carpio de USD 1 millón, porque se ratificó una sentencia emitida hace siete años.
Terán acusó a Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia, de ejercer presión en la Asamblea para que se remueva de sus cargos a los jueces de la Primera Sala Civil. La razón -según el judicial- es que no logró obtener un fallo a su favor cuando fue abogado, en una demanda que entabló por daños y perjuicios por USD 250 000.

El Federalista: Estos son los hechos, los mafiosos funcionarios y asambleístas de Alianza País buscan reorganizar la corte inconstitucionalmente para beneficio personal, práctica propia de la era Febres-Cordero donde funcionarios del gobierno tenían jueces "en nómina" y no era posible un sistema judicial imparcial.

El país sólo ha cambiado de dueños, el poder total y omnímodo, cual dictadura, lo ejerce un sólo gobernante y una Asamblea inconstitucionalmente conformada a gusto del régimen. Se destituyó ilegalmente al Congreso, se sustituyeron vocales del TC y se compró funcionarios en el TSE y diputados alternos, ahora, el gobierno va a meter sus manos en la función judicial, con el fin de asegurarse el control de la justicia y anular el último recurso de defensa de la ciudadanía frente al poder.

No puede decirse que la institucionalidad del país está en riesgo, simplemente Ecuador no tiene ya institucionalidad alguna.