De nuevo se interviene políticamente en la Corte Suprema

Luego de rejurar y rejurar que no se intervendría en la Corte Suprema, los dichos y hechos muestran lo contrario.

Noticia en El Comercio: ‘Destituiremos a jueces de la Primera Sala si no aceptan amnistía concedida a Falconi’

El ex presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, amenazó hoy con destituir a los magistrados de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si no acatan una disposición de la Constituyente.
Ayer, a la Corte llegó una comunicación de la Asamblea para notificar que se haga extensiva la amnistía concedida a Luis Villacís, ex gerente de la AGD, para el ex Superintendente de Bancos, Juan Falconi, quien fue llamado a juicio, en calidad de cómplice en el supuesto peculado en la fusión entre el Filanbanco y La Previsora.
Sin embargo, el presidente de la CSJ, Roberto Gómez Mera, anunció la noche de ayer en Canal Uno que el pedido de amnistía para Falconi fue desechado.

El Federalista: Lo que vive el país es una reedición de la grosera intervención sobre un poder del Estado, de nuevo los tanques rodean la Corte Suprema, de nuevo el Congreso de 1997 "por esta vez" cambia los magistrados, de nuevo el Congreso del 2004 convierte la Corte Suprema en un sainete con los votos de los hoy aliados de Alianza País (MPD, PRE y Socialistas). ¿Ya se olvidaron que fue el diputado del MPD Luís Villacis el que mocionó la ilegal remoción de magistrados en el 2004? Los insulzos pubertos que apoyan al régimen no tendrán memoria, yo sí.

Todos los atropellos anteriores se vuelven actuales, el nuevo atropello que la Asamblea Constituyente ha previsto es sólo un capítulo mas de la política sucia de los últimos años. ¡SINVERGÜENZAS!

Asambleísta César Rodríguez quiere manipular a jueces

El asambleísta César Rodríguez que promueve el mandato judicial busca con ello chantajear o remover jueces que procesan causas en su contra.

Noticia en El Comercio: El asambleísta Rodríguez tiene cinco procesos en los juzgados

Los entuertos judiciales del asambleísta de Alianza País, César Rodríguez, fueron sacados ayer a la luz por magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Rodríguez aparece como el artífice de un polémico proyecto de mandato que busca cambiar a 12 magistrados y tres conjueces de las salas Primera Civil, Segunda Civil, Segunda Penal y Primera Laboral. El argumento es que “han cometido actos que empañan su labor como magistrados”.
En horas de la mañana, antes de la instalación de la sesión del Pleno, el magistrado Luis Abarca, uno de los posibles afectados por el proyecto, entregó a los medios de comunicación un documento con una lista de los procesos judiciales que se iniciaron en contra del asambleísta César Rodríguez. Eso generó más malestar entre los jueces que podrían ser afectados, quienes anunciaron que investigarán los procesos judiciales de Rodríguez para determinar si existe algún tipo de interés del funcionario para que quiera cambiar a los jueces de esas salas. Se trata 17 juicios: 11 civiles y seis penales. Todos están relacionados con denuncias de supuesta creación ilegal de cooperativas de vivienda. De estos juicios, ocho prescribieron y cuatro fueron desestimados. Están activos, que se iniciaron en el 2007, y se encuentran en trámite en los juzgados Vigésimo y Vigésimo Cuarto. Uno más está en el Juzgado Noveno de lo Civil y otro en el Quinto de lo Penal por un supuesto peculado. Además, contra el asambleísta pesa un juicio por injurias planteado en 1997 por Elsa Valles, en el Juzgado Primero de lo Penal.
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En tanto, el juez Mauro Terán aseguró que se quiere reorganizar una de las salas por la sentencia emitida por su judicatura (Primera Civil) a favor de un ex empleado de la empresa Guapán. En ese caso, la Sala entregó una indemnización al ex empleado Luis Carpio de USD 1 millón, porque se ratificó una sentencia emitida hace siete años.
Terán acusó a Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia, de ejercer presión en la Asamblea para que se remueva de sus cargos a los jueces de la Primera Sala Civil. La razón -según el judicial- es que no logró obtener un fallo a su favor cuando fue abogado, en una demanda que entabló por daños y perjuicios por USD 250 000.

El Federalista: Estos son los hechos, los mafiosos funcionarios y asambleístas de Alianza País buscan reorganizar la corte inconstitucionalmente para beneficio personal, práctica propia de la era Febres-Cordero donde funcionarios del gobierno tenían jueces "en nómina" y no era posible un sistema judicial imparcial.

El país sólo ha cambiado de dueños, el poder total y omnímodo, cual dictadura, lo ejerce un sólo gobernante y una Asamblea inconstitucionalmente conformada a gusto del régimen. Se destituyó ilegalmente al Congreso, se sustituyeron vocales del TC y se compró funcionarios en el TSE y diputados alternos, ahora, el gobierno va a meter sus manos en la función judicial, con el fin de asegurarse el control de la justicia y anular el último recurso de defensa de la ciudadanía frente al poder.

No puede decirse que la institucionalidad del país está en riesgo, simplemente Ecuador no tiene ya institucionalidad alguna.