Monday, September 21, 2009

Jueces denuncian presión del nuevo dueño del país

Noticia publicada en El Comercio: Los jueces de Quito denuncian presiones
El auditorio de los juzgados de Pichincha se convirtió en un foro para que los jueces se destapen. Unos denunciaron que son presionados por funcionarios del Estado: asesores ministeriales y delegados de organismos de control. En cambio, los delegados de la Judicatura replicaron que las sentencias las redactan bufetes de abogados.
La cita ocurrió el jueves pasado y fue convocada para informar a los judiciales sobre el nuevo Plan Nacional Anticorrupción. Unos 50 jueces y empleados se reunieron en el remodelado salón. Allí estuvieron representantes de las áreas Penal, Civil, Laboral, etc.
Uno de los que tomó la palabra fue el juez Vigésimo Quinto de lo Civil, Iván Cevallos, quien explicó que los funcionarios del Régimen ejercen presión. Dijo que los amenazan, que si no fallan como ellos quieren se presentarán quejas y que serán sancionados por el Consejo de la Judicatura. Esa denuncia fue respaldada por otros judiciales, pero ellos no dieron públicamente sus nombres.

El Federalista: Pero por supuesto que existen presiones y persecución política, tanto a quienes se les encomendó la tarea de impartir justicia como a quienes se oponen al régimen del dictador.

Esta situación no cambiará mientras la tiranía del correato no sea desmantelada, y ello no sucederá si no denunciemos en voz alta cada uno de sus abusos.

Los esbirros de Correa parapetados tras la Secretaría Anticorrupción no son los indicados para hablar de ética ni de planes anticorrupción, pues al igual que todos los funcionarios del gobierno, han callado frente a los evidentes atropellos y latrocinios de los funcionarios del gobierno de Correa. Pregunto ¿quién está preso por el escándalo de los Pativideos, dónde objetivamente se perjudicó a los ciudadanos al especular con seguros de deuda? ¿quién está acusado de los contratos sin concurso (a dedo) del almacenamiento de gas o del proyecto Coca Codo Sinclair? ¿cómo es que de más de 160 millones de dólares en contratos para Fabricio Correa, el hermano del sabelotodo de Carondelet, este último "nunca supo nada"?

Pero el problema va más allá. A pretexto del combate anticorrupción, que brilla por la ausencia de resultados, el gobierno busca convertirse en un Estado policial, espía e interventor de la vida privada de las personas. Lean atentamente en la misma nota de El Comercio:

En el Plan Nacional Anticorrupción también se estableció la posibilidad de investigar actos de corrupción, en coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Esta propuesta establece que la Secretaría pueda obtener información, incluso reservada, como el sigilo bancario, las indagaciones previas, etc. El plan señala que para ello se deberán hacer reformas a las leyes de Extinción de Dominio, contra el Tráfico de Influencias, de Lavados de Activos, Ley de Instituciones del Sistema Financiero, Código de Procedimiento Penal y al Código Civil.

Esto permitirá tener acceso al Registro Civil, al Registro de la Propiedad, a la Superintendencia de Compañías, al Registro Mercantil, a la Superintendencia de Bancos, al Tribunal Contencioso Administrativo, al Ministerio Público, a la Contraloría y al Consejo de la Judicatura.

En resumen, la Secretaría Anticorrupción, una agencia ligada directamente a la Presidencia tendrá la capacidad de espiar a los ciudadanos, violentando el derecho fundamental a la privacidad de los individuos, desbordando las funciones del poder ejecutivo y violando el sistema de pesos y contrapesos que debería tener una República (cosa que en la actualidad Ecuador no es). Porque debiera ser función de las cortes de justicia, no del poder ejecutivo, obtener información personal y allí sólo mediante un juicio que observe el debido proceso.

Señores y señoras, lo anterior, por concepto es lo que define a un Estado totalitario, una organización inmoral que atropella derechos individuales, atropella toda noción de legitimidad, se arroga funciones que no le competen y destruye todo rastro de República. De hecho esto es, y sin lugar a duda,s uno de los mayores actos de corrupción, un atraco contra la libertad de las personas .

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