Nueva constitución violentará la propiedad privada

Análisis del texto constitucional del Título II sobre Derechos, Capítulo segundo sobre Derechos del "buen vivir", sección Vivienda.

Nueva Constitución, Artículos 30 y 31:

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

El Federalista: Desde luego todos queremos vivir en un ambiente sano y seguro, es una necesidad que todos buscamos satisfacer mediante trabajo duro, ahorro y previsión. Sin embargo cuando la vivienda se convierte en un derecho justiciable que el gobierno debe garantizar con dinero de otras personas, ahí tenemos un grave problema entre manos. Y es que no solo la vivienda no es un derecho, sino que la demanda al Estado para su provisión efectiva, gratuita o subsidiada, demandará una gran cantidad de recursos que saldrán de los bolsillo de las ciudadanos en forma obligatoria transgrediendo así el derecho fundamental de la propiedad privada.

Si el número de viviendas demandadas fuese de 10 mil y suponiendo que la contrucción básica de cada una cueste $10.000, obtendremos que la inversión necesaria será de $100'000.000, imaginemos que el número de demandas por vivienda fuese de cien mil o de un millón, bueno, hecho el cálculo encontraríamos que el gobierno tendrá que incurrir en nuevos impuestos, destruyendo más la ya vapuleada economía popular. En realidad no se lograría ningún objetivo, el número de viviendas construídas sería limitado y los nuevos impuestos habrán arruinado la economía. El Estado, para brindar vivienda a los demandantes, podría entonces echar mano de la propiedad ajena y expropiar los terrenos, casas y departamentos que considere que "no están cumpliendo una función social" como se condiciona en el Artículo 321 de la constitución propuesta y que dice: "El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad... que deberá cumplir su función social y ambiental". La propiedad privada constitucionalmente ha dejado de ser derecho para convertirse en permiso estatal.

Alternativa para lograr acceso a vivienda

Pero hay formas legítimas de garantizar que un creciente número de personas obtenga vivienda propia, basadas en el respeto de los derechos de propiedad de los individuos. Si el gobierno reduce drásticamente impuestos y regulaciones forzado por límites constitucionales, se logrará que las personas tengan más dinero en sus bolsillos para ahorrar, consumir e invertir, se logrará que más personas instalen negocios y el empleo empiece a aumentar, se logrará que más personas tengan mayores ingresos con más libertad para comerciar, manufacturar y contratar, y la suma de todo lo anterior contribuirá a que las personas de menos recursos puedan por sus propios medios, acceder a vivienda digna y sin el perjuicio a otras personas que implican los impuestos.

La sola necesidad de vivienda no causa un derecho a esta, pero el derecho a la propiedad respetado radicalmente puede solventar cualquier necesidad humana.