Nueva constitución violentará la propiedad privada

Análisis del texto constitucional del Título II sobre Derechos, Capítulo segundo sobre Derechos del "buen vivir", sección Vivienda.

Nueva Constitución, Artículos 30 y 31:

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

El Federalista: Desde luego todos queremos vivir en un ambiente sano y seguro, es una necesidad que todos buscamos satisfacer mediante trabajo duro, ahorro y previsión. Sin embargo cuando la vivienda se convierte en un derecho justiciable que el gobierno debe garantizar con dinero de otras personas, ahí tenemos un grave problema entre manos. Y es que no solo la vivienda no es un derecho, sino que la demanda al Estado para su provisión efectiva, gratuita o subsidiada, demandará una gran cantidad de recursos que saldrán de los bolsillo de las ciudadanos en forma obligatoria transgrediendo así el derecho fundamental de la propiedad privada.

Si el número de viviendas demandadas fuese de 10 mil y suponiendo que la contrucción básica de cada una cueste $10.000, obtendremos que la inversión necesaria será de $100'000.000, imaginemos que el número de demandas por vivienda fuese de cien mil o de un millón, bueno, hecho el cálculo encontraríamos que el gobierno tendrá que incurrir en nuevos impuestos, destruyendo más la ya vapuleada economía popular. En realidad no se lograría ningún objetivo, el número de viviendas construídas sería limitado y los nuevos impuestos habrán arruinado la economía. El Estado, para brindar vivienda a los demandantes, podría entonces echar mano de la propiedad ajena y expropiar los terrenos, casas y departamentos que considere que "no están cumpliendo una función social" como se condiciona en el Artículo 321 de la constitución propuesta y que dice: "El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad... que deberá cumplir su función social y ambiental". La propiedad privada constitucionalmente ha dejado de ser derecho para convertirse en permiso estatal.

Alternativa para lograr acceso a vivienda

Pero hay formas legítimas de garantizar que un creciente número de personas obtenga vivienda propia, basadas en el respeto de los derechos de propiedad de los individuos. Si el gobierno reduce drásticamente impuestos y regulaciones forzado por límites constitucionales, se logrará que las personas tengan más dinero en sus bolsillos para ahorrar, consumir e invertir, se logrará que más personas instalen negocios y el empleo empiece a aumentar, se logrará que más personas tengan mayores ingresos con más libertad para comerciar, manufacturar y contratar, y la suma de todo lo anterior contribuirá a que las personas de menos recursos puedan por sus propios medios, acceder a vivienda digna y sin el perjuicio a otras personas que implican los impuestos.

La sola necesidad de vivienda no causa un derecho a esta, pero el derecho a la propiedad respetado radicalmente puede solventar cualquier necesidad humana.

Las favelas de Thatcher

Por José Carlos Rodríguez

falta de que alguna estadística lo confirme, nos quedaremos con las previsiones. Este año quedará para la historia como aquél en que la mitad de la población mundial vive en ciudades.

La ciudad es uno de los hallazgos más felices de la humanidad, máxima creación de ese vivir enlazados por relaciones voluntarias y abstractas que es característico de las sociedades libres y complejas. La ciudad es el nudo de la división del trabajo, y como ésta es una de las condiciones del desarrollo, ciudad y avance social siempre han ido de la mano.

Nadie lo diría si uno visita los bustíes indios, los katchi abadis de la vecina Pakistán, o las favelas brasileñas. Según los cálculos de Naciones Unidas en 2001, unos 1.000 millones de personas vivían en estos barrios de miseria, y el número se doblaría para 2030. Las políticas seguidas habitualmente por los políticos son los desahucios forzosos y masivos. Es una forma de actuar típica de los políticos, pero que no soluciona nada. Quien se fue a buscarse la vida a un barrio bajo es porque lo necesitaba, de modo que si echan abajo las cuatro miserables paredes en que se ha refugiado, las volverá a construir ahí o en cualquier otro sitio válido.

Hay otro camino; otro sendero, como titularon su seminal libro Enrique Ghersi, Mario Ghibellini, y Hernando de Soto. Ese sendero es el de los derechos de propiedad, y lo ha puesto en marcha el que prometía ser uno de los líderes de la nueva oleada socialista en Iberoamérica: Luiz Inacio Lula da Silva. En una de sus medidas primeras y más señeras, Lula puso en marcha un plan para reconocer derechos de propiedad sobre las favelas.

"Bueno, la diferencia es que ahora habrá un papelito que, simplemente, dice que es suyo", me rebatió un amigo mío a mi entusiasmo por la medida del líder brasileño. La diferencia es un papel, sí, pero también el proceso social que se desencadena con el reconocimiento de ese derecho. ¿Quién invertiría en una casa, por muy miserable que fuese, si no tiene el respaldo del derecho para hacerla suya? ¿Para qué mejorarla si cualquiera más fuerte que yo puede quedársela?

Es más, con todo lo pequeña y miserable que pueda ser una favela, una vez reconocida por el derecho, se puede comprar y vender con seguridad. Adquiere un valor de mercado. Y contra ese valor se puede pedir un crédito al banco, un dinero modesto pero quizás suficiente para hacer mejoras en ella, o para financiar un pequeño negocio; una furgoneta, un local...

Los que sólo se fíen de lo que ven, como Santo Tomás, que acudan al ejemplo de la Gran Bretaña salvada por Margaret Thatcher. Decenas y decenas de miles de trabajadores británicos vivían desde hacía años en unas casas que, a los ojos de todos, eran absolutamente indignas. No costaban apenas nada, un pequeño alquiler a cambio de vivir en estas viviendas, que eran de titularidad pública. Por un poco más de dinero el Gobierno de Thatcher les ofreció la posibilidad de comprarlas. Lo hicieron en masa. Y, como por ensalmo, aquellas casas parecieron revivir, mejoradas y acicaladas por sus nuevos propietarios.

Claro, que también los hay a quienes no les vale ni lo que está ante sus ojos. Esos no tienen remedio.

Artículo publicado en Instituto Juan de Mariana