Thursday, August 09, 2007

Nueva emergencia eléctrica profundiza crisis

Tarifas subsidiadas y créditos incobrables a las termoeléctricas profundizarán la crisis energética.

Noticia en El Comercio: El Régimen amplía otra vez la emergencia eléctrica

El Gobierno emitió ayer un nuevo Decreto de Emergencia Eléctrica. El documento permite que Petroecuador entregue diésel a crédito a las termoeléctricas.Con esta decisión se extiende la emergencia eléctrica decretada en meses anteriores. El diésel es un producto que se vende a un precio inferior de su valor real. El galón de este derivado tiene un subsidio del 58%.

Esto porque el galón de este producto se vende a 90 centavos de dólar en el mercado local, mientras el precio de importación alcanza los USD 2,14.

Entre enero y septiembre de 2006 el crédito a las generadoras térmicas sumó USD 186 millones, valores de difícil recuperación por la existencia de tarifas subsidiadas, según el Observatorio de la Política Fiscal.

El Federalista: la crisis energética no es mas que el lamentable encuentro entre la eficiencia del capitalismo para producir bienes y servicios que requieren energía y la incompetencia del socialismo en ofrecer estos servicios energéticos mediante empresas estatales.
Todas las pérdidas y todos los subsidios los costeamos con nuestros impuestos que cada vez son mas altos, sin embargo ni con todo el salvataje eléctrico que el Estado hace a sus ruinosas empresas eléctricas se ofrece un buen servicio y una oferta creciente para abastecer la demanda, tampoco han funcionado las políticas estatales para ofrecer el servicio a un mayor número de personas.
Las soluciones van por otra vía, las soluciones incluyen eliminar los subsidios eléctricos y sincerar las tarifas energéticas, son medidas poco populares y no rinden votos, pero es que un político honesto (una rara avis) no se fija en la rentabilidad electoral de sus actuaciones sino en la sostenibilidad de estas y en el respeto a la propiedad de las personas.
Para abastecer la siempre creciente demanda de energía, el Estado debe hacerse a un lado y abrir la competencia privada, debe permitir la libre importación, consumo y producción de combustibles sin subsidios ni controles de precios, esto permitirá que los precios de los combustibles dejen de distraer fondos públicos que estarían mejor utilizados en consesionar la construcción de vías y puentes, liquidar a la burocracia pública (me refiero a pagarles un cheque de despido no sean mal pensados), ofrecer bonos escolares y médicos a familias de escasos recursos y mejorar la administración de justicia.
Sin controles de precios, sin subsidios y con libertad para instalar una generadora, distribuidora o red eléctrica, el sector privado tendrá un marco apropiado para invertir y aumentar la oferta reduciendo las tarifas en el largo plazo, esta reducción de tarifas solo podrá ser posible desregulando el sector, pues cada regulación suele encarecer el servicio, tal como las regulaciones e impuestos financieros elevan las tasas de interés.
La privatización de empresas es necesaria y sería relativamente sencilla hacerla, bastaría la venta de acciones de las empresas energéticas del Fondo de Solidaridad a través del mercado de valores, pero una mejor idea podría ser entregar acciones a los ciudadanos para que ellos decidan que hacer con ellas, esto se llama ciudadanizar las empresas públicas, y estas empresas allí sí serían de todos, si por ejemplo Petroecuador pudiese venderse en 20 mil millones de dólares y sus acciones fuesen entregadas a todos los ciudadanos mayores de edad, cada persona tendría acciones por valor aproximado de 2.200 dólares, si pudiesen entregarse acciones de las eléctricas (y de bancos estatales y otras empresas públicas) a todos los ciudadanos, la cifra podría triplicarse.
En fin, cualquiera sea el método de privatización, el proceso es necesario para que en el mediano plazo tengamos una oferta eléctrica que cubra la demanda, una mejor calidad en el servicio, menos apagones y menos corrupción en el sector energético. Las empresas energéticas siendo privadas ya no serán botín político y evitaría que el Estado deje de decretar emergencias que le cuestan grandes sumas de dinero a los ciudadanos.

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