Comunicado de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos
Con profunda preocupación, el país asiste a un sistemático proceso de destrucción de sus instituciones y de manipulación del poder, de la Constitución y de la Ley. Todos los poderes públicos son responsables de esta situación. Ellos tienen una obligación fundamental con el país: construir un entorno político, jurídico y económico razonable, dotándolo de seguridades elementales para que la población progrese.
Las rivalidades entre el Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han creado tensiones graves que no contribuyen a superar la crisis. El Estado de Derecho -construcción irrenunciable de la civilización- está en entredicho, tanto por decisiones legislativas -como la sustitución del Presidente del TSE-, como por la inconstitucional destitución de los diputados de oposición, con argumentos que revelan vocaciones autoritarias y contrarias al Derecho y a las libertades públicas. Se suma la conducta confrontativa del Presidente de la República, quien debe ajustar su gestión a las normas legales, propiciar la unidad nacional y nunca interpretar a su arbitrio la Constitución, menos aún propiciar la división y el choque entre los ecuatorianos.
El pragmatismo político tiene límites. Las estrategias electorales y el afán de dominar en la asamblea constituyente no justifican el sacrificio del destino nacional. Tanto la consulta popular como la posible asamblea no pueden reducirse a simples actos de voluntad políticas aupados por un grupo que no es todo el país. Esos actos deben ajustarse a las normas; a ello están obligados el Presidente, los partidos y movimientos, los congresistas y el TSE, personajes y entidades a las que nadie confirió jamás poderes absolutos de tal amplitud que pongan en entredicho el Estado de Derecho.
La democracia sin tolerancia es una ficción electoral. La República es una burla si no se respeta a las minorías y sin el imperio de la Ley. La democracia ecuatoriana sucumbe entre las interpretaciones interesadas, donde pretende imponerse la voluntad de cada grupo. Esto ha generado una sociedad cada vez más escéptica y frustrada por la política.
La mayoría de ecuatorianos votó por un cambio para superar la inestabilidad, la debilidad institucional, la inseguridad jurídica. Este es un dato político incuestionable. Pero es obligación de todos los poderes hacer el cambio de forma explícita y pública y con contenidos específicos. Es su obligación llenar la demanda ciudadana con valores democráticos y tomar decisiones que respeten el Estado de Derecho.
Las rivalidades entre el Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han creado tensiones graves que no contribuyen a superar la crisis. El Estado de Derecho -construcción irrenunciable de la civilización- está en entredicho, tanto por decisiones legislativas -como la sustitución del Presidente del TSE-, como por la inconstitucional destitución de los diputados de oposición, con argumentos que revelan vocaciones autoritarias y contrarias al Derecho y a las libertades públicas. Se suma la conducta confrontativa del Presidente de la República, quien debe ajustar su gestión a las normas legales, propiciar la unidad nacional y nunca interpretar a su arbitrio la Constitución, menos aún propiciar la división y el choque entre los ecuatorianos.
El pragmatismo político tiene límites. Las estrategias electorales y el afán de dominar en la asamblea constituyente no justifican el sacrificio del destino nacional. Tanto la consulta popular como la posible asamblea no pueden reducirse a simples actos de voluntad políticas aupados por un grupo que no es todo el país. Esos actos deben ajustarse a las normas; a ello están obligados el Presidente, los partidos y movimientos, los congresistas y el TSE, personajes y entidades a las que nadie confirió jamás poderes absolutos de tal amplitud que pongan en entredicho el Estado de Derecho.
La democracia sin tolerancia es una ficción electoral. La República es una burla si no se respeta a las minorías y sin el imperio de la Ley. La democracia ecuatoriana sucumbe entre las interpretaciones interesadas, donde pretende imponerse la voluntad de cada grupo. Esto ha generado una sociedad cada vez más escéptica y frustrada por la política.
La mayoría de ecuatorianos votó por un cambio para superar la inestabilidad, la debilidad institucional, la inseguridad jurídica. Este es un dato político incuestionable. Pero es obligación de todos los poderes hacer el cambio de forma explícita y pública y con contenidos específicos. Es su obligación llenar la demanda ciudadana con valores democráticos y tomar decisiones que respeten el Estado de Derecho.
El cambio no puede ser un argumento político para descalificar al opositor ni es cheque en blanco para perpetuar los desajustes institucionales.
La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) demanda de los poderes públicos una inmediata rectificación de conductas lesivas al régimen democrático, en un marco de concertación nacional. Reclama actitudes que permitan superar la crisis, que aporten a la unidad nacional y a la seguridad legal y personal.
Demanda la sujeción a la Ley y el fin de una cadena de hechos que muestra al mundo una imagen lamentable del Ecuador: un país donde la irresponsabilidad política permite que el Congreso sea rodeado por fuerzas policiales; donde las movilizaciones y el radicalismo marcan el destino nacional, y donde el potencial fraccionamiento territorial y humano configura un escenario de dramática desesperanza.
El Comercio, El Universo, Hoy, Expreso, El Correo, El Diario, El Tiempo, El Mercurio, El Norte, La Hora, Mundo Diners.
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