El sector productivo y Rafael Correa

Indudablemente Rafael Correa tiene un excelente manejo del discurso y carisma, tiene soltura en exponer sus tesis, tanto que pareciera que el economista graduado en Lovaina dominara la materia en la que posee un doctorado.

Sin embargo, ¿por qué su discurso no capta adeptos en los sectores productivos? Por desconfianza, y todos sabemos que uno de los activos mas importantes en toda actividad es la confianza.

Los motivos de ello es principalmente la inestabilidad económica que se percibe con el candidato Rafael Correa, quien no tendrá apoyo en el Congreso y por ello pretende pasar encima de la institucionalidad del país para impulsar una Asamblea Constituyente de amplios poderes que degeneraría en procesos de autoritarismo idéticos a los sucedidos en Venezuela y Bolivia. La misma Asamblea Constituyente como proyecto carece de crédito, pues ya se hizo una en 1997 y no ha brindado los resultados que se esperaba, ¿para qué gastar tiempo, dinero y perjudicar cierta estabilidad con un nuevo capricho como este?

El plan económico de Rafael Correa propone una mayor intervención del Estado en la economía, intervención que supone un retroceso para el país y pone en riesgo la dolarización que sí ha brindado beneficios a la población. Rafael Correa propone un mayor aumento de burocracia incluyendo dos nuevos ministerios, del Migrante y de Deportes, propone la creación del Ineban, la creación de una institución igual al Ecorae, la rehabilitación de la Enac y Emprovit, una Fiscalía de la Corrupción y decenas de otras instituciones inútiles que se unirán a la miriada de instituciones que brillan por su incompentecia.

Rafael Correa también propone controles de precios, lo que significará crear nuevos grupos de privilegiados y una inmensa mayoría de ecuatorianos que serán perjudicados, pues los controles de precios y las cuotas de producción ya arruinaron a los productores de trigo y a la industria harinera, controles de precios han arruinado también al sistema energético ecuatoriano y las consecuencias están a la vista. Un industrial o un finquero no pueden si no ver con horror semejantes ofertas. Los controles de precios ya fueron establecidos durante la presidencia de León Febres Cordero con pésimos resultados y con pérdida de libertades civiles, Ecuador sigue padeciendo controles de precios en combustibles, energía, transportes, educación, banano y otros productos, gracias a ello estos sectores recurrentemente entran en crisis afectándonos a todos.

Rafael Correa propone tirar al tacho de la basura el Tratado de Libre Comercio, hacerlo significará la imposibilidad de acceder al mercado estadounidense frente a la fuerte competencia de Colombia y Perú, significará la imposibilidad de reducir costos de materias primas, pesticidas, fertilizantes y maquinarias para los campesinos, significará que los exportadores enfrenten las mismas trabas burocráticas de aduanas y dependencias gubernamentales de las que dependen para obtener licencias de exportación, implicará que los consumidores no tendrán acceso a mas productos de la canasta básica, significará que no exista competencia en sectores clave como el de las telecomunicaciones pues sin TLC se seguirán manteniendo los monopolios estatales. También significará que no habrá forma de imprimir seguridad jurídica a los contratos con el Estado y que no exista mas transparencia en compras públicas.

Rafael Correa ofrece un aumento del gasto estatal a nuevos niveles, pues ofrece subsidios a los productores que perderán mercado sin TLC, ofrece mantener la burocracia y aumentarla con los nuevos organismos ya señalados, también ha ofrecido planes de vivienda que a diferencia del proyecto del otro candidato, éste contaría con dinero del Estado, ha ofrecido un plan de empleo para convertir a cada egresado universitario en burócrata estatal que será financiado con el dinero de los ciudadanos que sí producen bienes y servicios. También el candidato de Alianza País ha ofrecido repotenciar a la banca de desarrollo estatal ofreciendo tasas de interés artificialmente bajas, ello requerirá de inmensos recursos cuya existencia es discutible y que aún de existir su retorno queda en entredicho pues basta una medida de hecho de algunos productores para que un gobierno populista condone deudas afectando a las finanzas públicas. Sin embargo a pesar toda esta sangría de recursos, Rafael Correa no ha ofrecido reducir los subsidios ni focalizarlos, tampoco ha hablado de privatizar o concesionar los monopolios estatales, lo que significará que el Estado seguirá drenando sus recursos a los barriles sin fondo de estas empresas ineficientes. También ha ofrecido incrementar el Bono de la Pobreza, el cual se expandirá en beneficiarios mientras la economía va colapsando en la medida en que Rafael Correa aplique sus medidas económicas y genere mas desempleo.

Todo este gasto público no podrá financiarse ni confiscando a todas las petroleras ni a todas las grandes industrias a las que ha amenazado expropiar, tampoco podrá financiarse este gasto con nuevo endeudamiento ni serán suficientes los ingresos de impuestos nuevos o ya existentes. La receta que Rafael Correa ha considerado, es emitir papeles para licuar artificialmente el gasto público, probablemente emitirá algún tipo de bonos o certificados que vayan devaluándose, pues estos papeles no tendrán respaldo en una reserva en dólares o metálico, de hecho Rafael Correa piensa gastar la exigua reserva monetaria del país, lo ha repetido varias veces y ya lo hizo antes con el FEIREP. A medida que el sistema vaya colapsando y el gasto siga aumentando, los bonos que imprima el Banco Central irán siendo emitidos con mas rapidez y la banca por ley habrá de captarlos para pagos de sueldos y contratos del sector público, impuestos, fondos a municipios, etc. En un momento dado y gracias a la Constituyente o a alguna otra instancia legal, estos bonos serán elevados a norma constitucional y hechos circular obligatoriamente, por ley la banca habrá de transferir reservas en dólares al Banco Central para su canje con bonos de escaso valor.

A propósito del sector financiero, este ya fue amenazado por Rafael Correa con una reforma a la Ley General de Instituciones Financieras. De lo que ha dejado entreveer es que está de acuerdo con la ley de León Febres Cordero que incauta los fondos de los ahorristas para trasladarlos a entidades del sector público (¿canjeados por bonos devaluados?) . También ha manifestado que obligará a la especialización del crédito del sector financiero privado, pero tal especialización ya existe y lo que se esconde tras estas palabras es que se pretende manejar la banca privada en forma política, usar el dinero de los ahorristas para créditos preferenciales a los sectores que apoyan a Rafael Correa, sectores minoritarios pues no son muchos los finqueros o artesanos que viven del dinero ajeno y no del esfuerzo propio. Rafael Correa quiere eliminar las comisiones bancarias por ley y quizá se vea tentado a fijar tasas de interés mediante el mismo mecanismo con pésimas y previsibles consecuencias.

También Rafael Correa ha dicho que obligará a repatriar los fondos de los ahorristas depositados en el extranjero. Esta medida solo es factible incautando los fondos localmente para obligar a la banca a hacer frente a sus pagos con fondos invertidos en el extranjero descapitalizando al sector financiero y provocando una nueva crisis similar a la de 1999. Las familias de los migrantes llevarán la peor parte pues las remesas que sus familias envían del exterior en dólares serán convertidos en bonos o certificados sin valor quedándose el Estado con gran parte de los recursos de las remesas con el objetivo de financiar el gasto en burocracia y las ofertas de campaña; los subsidios, créditos preferenciales y otros privilegios a ciertos sectores y mantener en funcionamiento las empresas públicas que le causan inmensas pérdidas al país.

El programa económico y actitudes de Rafael Correa causan preocupación en amplios sectores del país, las consecuencias ya la estamos viviendo, varias empresas ya han salido del país y muchas familias han quedado sin empleo. El proyecto político de Rafael Correa preocupa aún más, pues es cierto que se requiere una reforma política pero ello no faculta a ningún poder a violentar la institucionalidad poniendo en riesgo la poca estabilidad económica, los ahorros de la gente y al sector productivo.