Diego Cano, dirigente sindical de la empresa Petroecuador, cuestionó la legalidad del decreto firmado por el Presidente de la República, Alfredo Palacio, para la operación del Bloque 15, explicando que se ha constituido una empresa paralela al directorio de la estatal, negando la posibilidad de que trabajadores de la empresa ecuatoriana puedan trabajar en esos campos.
Cano, entrevistado en Radio Universal, indicó que el Gobierno tardó mucho tiempo en tomar una decisión con respecto a la caducidad del contrato con la empresa petrolera Occidental, y que cuando se la tomó, los activos pasaron a Petroecuador, la cual era la empresa que tenía que asumir la operación de los campos, sin embargo no lo hicieron.
Asimismo, indicó que posteriormente se dio el problema de la falta de entrega de recursos, pese a que Petroecuador tiene más de 30 años de experiencia en el manejo del petróleo, y señaló que la única explicación válida para los problemas que han surgido es que existen intereses subyacentes que están detrás de la operación del Bloque 15.
El Federalista: Era de preveer que los sindicatos petroleros salgan a defender sus intereses sobre los bienes malhabidos que constituían las inversiones de propiedad legítima de Occidental.
En efecto son 30 años de la existencia de privilegios sindicales, de ineficiencia estatal y latrocinio, son 30 años de negociados y de manejar el negocio petrolero como feudo de un puñado de funcionarios públicos. El resultado, 40 mil millones de dólares en ingresos petroleros destinados a financiar empresas estatales ineficientes, programas sociales que no constituyen otra cosa que gasto público y una burocracia agobiante que impide un manejo fiscal prudente y una inversión inteligente en las labores que debe ejecutar un gobierno: tribunales de justicia, seguridad y defensa.
Esperamos no soportar otros 30 años de lo mismo y en cambio el sector energético sea manejado en forma técnica por la iniciativa privada que genera riqueza y empleos.
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