Juan Abel Echeverría, Secretario Nacional Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES), explicó que el proceso de homologación salarial enfrenta problemas debido a que hay empresas autónomas que no han permitido un control por parte de la Contraloría.
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A juicio del principal de la SENRES, el control del nivel de sueldos en las empresas autónomas enfrenta como problema fundamental el desacato a la Ley, que es, dijo, un delito que no se sanciona.
Echeverría refirió como experiencia haber solicitado a Andinatel una carpeta respecto a remuneraciones, gestiones que el Contralor mismo realizó y que no fueron atendidas con la excusa de ser una empresa autónoma.
“La Ley y la Constitución establecen que el control que debe ejercer el Estado es sobre empresas en las que tiene parte en su capital accionario en una proporción del 50%”, adicionó, al tiempo de referir que en caso de Andinatel, e Estado si tiene participación con capital accionario.
El Federalista: Las instituciones mixtas deben dejar de serlo y ser enteramente privadas o con mínima participación estatal, permitiendo así el manejo eficiente de estas empresas de acuerdo a criterios técnicos propios del sector privado que administra mejor los recursos disponibles bajo la premisa de obtener mayores ganancias con menores pérdidas.
Por otra parte, el gobierno debe garantizar la libre competencia en los servicios públicos cambiando su esquema de concesión monopólica a uno de libre competencia sin mas regulación que las que sean necesarias a nivel internacional y sin mas ente regulador que la certificación privada de buenas prácticas empresariales, técnicas, ambientales, laborales y de seguridad que ya existen en el mercado.
Sobre sueldos y salarios del sector público, la iniciativa no solo debe fijarse en la organización de los salarios sino en el impacto fiscal que tiene la abundancia de organismos estatales que no entregan servicios útiles y que por el contrario estorban las actividades empresariales de los ciudadanos.
Los funcionarios públicos necesarios son todos aquellos que participan en tribunales de justicia, seguridad ciudadana, defensa, representación del país en el extranjero, organismos de control como una Superintendencia de Compañías, fiscalía, procuraduría y contraloría; y las tres funciones del gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Corte Suprema. Todo otro organismo público no tiene una razón para su existencia o bien puede ser reemplazado con empresas o entidades privadas que no representarán un impacto en los bolsillos de los ciudadanos y por el contrario entregarán servicios eficientes a los verdaderos clientes de tales prestaciones.
Como ejemplo, ¿por qué los impuestos de los ciudadanos deben sostener al Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria si no todos somos exportadores? Esta entidad debe ser reemplazada por agencias de certificación privadas disponibles para todo empresario que requiera certificar sus exportaciones, estas agencias competirían por brindar mejores servicios a costos razonables y no serían una carga para los ciudadanos. Y como este ejemplo podrían citarse cientos, se estima que Ecuador tiene mas de 4000 organizaciones públicas, muchas de ellas establecimientos educativos pero otras son oficinas que no ofrecen ningún servicio de valor o que sus servicios pueden ser reemplazados por eficientes agencias privadas.
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