Según los documentos mostrados por Borja, en esa propuesta se citaba al ministro Secretario de la Administración Pública, José Modesto Apolo, con quien el representante de la Oxy decía haber tenido conversaciones anteriores. Una de ellas habría sido el 4 de abril de este año.
Borja, además, citó al secretario de Comunicación de la Presidencia, Enrique Proaño.“Fueron unos magos de la desinformación. (Enrique) Proaño aparece entregando mi criterio, que es legal, donde me preguntan si está prevista la transacción y digo que sí. Pero éstos dicen el procurador está instando a la transacción y con el doble discurso dice que no se debe efectuar la caducidad”, dijo el procurador.
Señaló que “perversamente y con boletín de prensa dicen que el procurador insta a una transacción, lo cual era una infamia miserable”.
Aclaró que en ningún caso dijo sí a la transacción entre el Estado y la Oxy. “Dije que está prevista la transacción y eso es cierto en un trámite administrativo”, sostuvo, para luego poner un ejemplo: “Si el presidente de la República me consulta si está facultado para firmar un tratado, basado en la Constitución le digo que sí está facultado, pero no significa que le estoy diciendo firme”.
...El Federalista: la transacción ciertamente cabía entre las posibilidades para zanjar el diferendo con la empresa Occidental. Mas ni siquiera era necesaria tal figura ya que que no existe evidencia suficiente para acusar a Occidental mucho menos para sentenciar inconstitucionalmente a la empresa con la confiscación de sus bienes.
La polémica entre los funcionarios públicos es irrelevante, se ha cometido un acto inconstitucional, se violentaron los acuerdos internacionales en materia de inversiones y se ha expuesto al país como una nación que no cumple sus propias leyes, que renegocia contratos en forma unilateral y que hace tabla rasa de acuerdos firmados y ratificados por el país.
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