Noticia en Diario El Mercurio: Plazo a reformas a ley de Hidrocarburos
El Ejecutivo y el Congreso tienen quince días de plazo para sustentar jurídicamente ante el Tribunal Constitucional (TC), la vigencia de las reformas a la ley de Hidrocarburos.
Esto dentro del trámite de la demanda de inconstitucionalidad planteada por la Cámara de Industriales de Pichincha, que busca impedir que las compañías petroleras entreguen al Estado el 50% de los excedentes, por el diferencial del crudo que representa alrededor de 600 millones de dólares.
Los empresarios impugnan los artículos 1 y 2 y la disposición transitoria de la nueva ley de Hidrocarburos, argumentando entre otros criterios que estas disposiciones "no regulan los procesos de contratación petrolera, sino arbitrariamente a cuenta de justicia y equidad, cercenan los derechos adquiridos y de propiedad de las compañías que celebraron válidamente contratos petroleros".
Además rechazan el carácter de retroactiva que se les da a las reformas.
De ser el caso el Ejecutivo y el Congreso podrán pedir a la sala una audiencia pública, para sustentar la legitimidad de la ley. En el primer caso por ser el proponente; y en el segundo por haber aprobado el proyecto.
De ser el caso el Ejecutivo y el Congreso podrán pedir a la sala una audiencia pública, para sustentar la legitimidad de la ley. En el primer caso por ser el proponente; y en el segundo por haber aprobado el proyecto.
Ayer en el TC aunque nadie quiso hablar formalmente, el rechazo a las declaraciones del presidente Palacio, quien arremetió contra quienes buscan tumbar la ley de Hidrocarburos, a través de una demanda de inconstitucionalidad, fue evidente.
El Federalista: Las reformas a la Ley de Hidrocarburos sentaron un mal precedente contr la institucionalidad del país pues ponen en entredicho la seriedad del gobierno para cumplir su palabra, pero sobre todo constituyen una agresión a la seguridad jurídica de toda inversión privada y de todo contrato con organismos públicos.
Dicho en forma sencilla, una persona u organización pública o privada no puede contravenir los acuerdos que ha suscrito con su firma con otras personas u organizaciones. Todos estamos obligados a velar por el respeto a los contratos y acuerdos firmados.
El gobierno ha cometido corrupción al no honrar sus compromisos aprobando las reformas a la Ley de Hidrocarburos que obligan a renegociar contratos con las empresas petroleras.
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