Noticia en EcuadorInmediato: Pro forma del 2007 no tiene subsidios por posible TLC
Diego Borja, titular de Economía, descarta ayudas para los afectados por el TLC o por el fin del Atpdea
El plan de subsidios que fue propuesto por el Ministerio de Agricultura para apoyar a los sectores que se verán desfavorecidos por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. no será incluido en la pro forma presupuestaria del 2007, aseguró el ministro de Economía, Diego Borja.
Tampoco se considerarán subsidios para quienes, en enero del próximo año, perderán las preferencias arancelarias (Atpdea) con EE.UU. y no tendrán un TLC aprobado que las suplante inmediatamente.
La intención de implantar subsidios para los 'perdedores' del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU. o, en otro caso, para los empresarios que en el 2007 ya no se beneficiarán de las preferencias arancelarias (Atpdea) en el mercado estadounidense fue descartada de la pro forma presupuestaria del 2007.
'Yo no soy partidario de eso (los subsidios). Puede haber algo que se asemeje, pero habrá que ver primero cómo queda la negociación, porque a la final puede terminar siendo una mala práctica', sostiene el ministro de Economía, Diego Borja, refiriéndose al TLC.
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Sin embargo, el Ministerio de Agricultura (MAG) presentó, en abril, en un documento de 8 páginas, un programa de apoyo (subsidios) para sectores sensibles -entre ellos el de arroz, maíz, soya, ganadería- que, dice el documento, 'requiere de una capitalización anual definida en el presupuesto del Estado'.
El plan (ver gráfico) consiste en la entrega de dinero en efectivo en las fases de producción y comercialización, así como de créditos para mejorar la productividad.
El costo del proyecto del MAG llega a los $ 120 millones, casi todo con cargo al presupuesto y una pequeña parte a préstamos internacionales.
Borja califica de 'indecentes' a cualquier propuesta de subsidios y se adelanta a decir que 'serán rechazadas, absolutamente, todas'.
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Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), insiste en que el presupuesto debe incluir partidas específicas de ayudas a los empresarios o a los 'sectores sensibles', que recibirán el impacto del TLC.
La idea de subsidios para los exportadores o que el Estado asuma los aranceles cuando termine el Atpdea también ha estado rondando en algunos funcionarios de Gobierno, pero aún no logra consenso.
Borja rechaza ambos planteamientos. Ninguno tendrá una partida en la pro forma del 2007. '¿Cómo vamos a subsidiar a la exportación en una economía que se está abriendo? Ahí sí se está generando un mercado negro gigantesco que para quién sabe qué fines... En buena hora, eso no va a incluirse este año'.
Manuel Chiriboga, jefe del equipo negociador del acuerdo comercial con los EE.UU., también ha dicho que se podrían otorgar compensaciones o subsidios.
El plan de subsidios que fue propuesto por el Ministerio de Agricultura para apoyar a los sectores que se verán desfavorecidos por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. no será incluido en la pro forma presupuestaria del 2007, aseguró el ministro de Economía, Diego Borja.
Tampoco se considerarán subsidios para quienes, en enero del próximo año, perderán las preferencias arancelarias (Atpdea) con EE.UU. y no tendrán un TLC aprobado que las suplante inmediatamente.
La intención de implantar subsidios para los 'perdedores' del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU. o, en otro caso, para los empresarios que en el 2007 ya no se beneficiarán de las preferencias arancelarias (Atpdea) en el mercado estadounidense fue descartada de la pro forma presupuestaria del 2007.
'Yo no soy partidario de eso (los subsidios). Puede haber algo que se asemeje, pero habrá que ver primero cómo queda la negociación, porque a la final puede terminar siendo una mala práctica', sostiene el ministro de Economía, Diego Borja, refiriéndose al TLC.
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Sin embargo, el Ministerio de Agricultura (MAG) presentó, en abril, en un documento de 8 páginas, un programa de apoyo (subsidios) para sectores sensibles -entre ellos el de arroz, maíz, soya, ganadería- que, dice el documento, 'requiere de una capitalización anual definida en el presupuesto del Estado'.
El plan (ver gráfico) consiste en la entrega de dinero en efectivo en las fases de producción y comercialización, así como de créditos para mejorar la productividad.
El costo del proyecto del MAG llega a los $ 120 millones, casi todo con cargo al presupuesto y una pequeña parte a préstamos internacionales.
Borja califica de 'indecentes' a cualquier propuesta de subsidios y se adelanta a decir que 'serán rechazadas, absolutamente, todas'.
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Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), insiste en que el presupuesto debe incluir partidas específicas de ayudas a los empresarios o a los 'sectores sensibles', que recibirán el impacto del TLC.
La idea de subsidios para los exportadores o que el Estado asuma los aranceles cuando termine el Atpdea también ha estado rondando en algunos funcionarios de Gobierno, pero aún no logra consenso.
Borja rechaza ambos planteamientos. Ninguno tendrá una partida en la pro forma del 2007. '¿Cómo vamos a subsidiar a la exportación en una economía que se está abriendo? Ahí sí se está generando un mercado negro gigantesco que para quién sabe qué fines... En buena hora, eso no va a incluirse este año'.
Manuel Chiriboga, jefe del equipo negociador del acuerdo comercial con los EE.UU., también ha dicho que se podrían otorgar compensaciones o subsidios.
El Federalista: es inteligente de plano rechazar propuestas de subsidios porque con éstos no se genera una mejor economía productiva, todo lo contrario, entorpece la competencia y crea privilegios al destinar dinero de los ciudadanos a empresas o grupos que deberían ganarse su sustento como lo hacemos todos: trabajando y compitiendo.
Sin embargo a este atolladero -Ecuador fuera del TLC- nos llevó el mismo ministro de economía con las famosas reformas a la ley de hidrocarburos que permiten arbitrariamente imponer una renegociación de contratos con las petroleras. También contribuyeron a ello las necias actitudes de políticos y funcionarios públicos que exigen la caducidad del contrato de la petrolera Occidental, figura por demás inconstitucional.
En fin, el costo que los ciudadanos tendrán que enfrentar por la pérdida de competitividad frente a Colombia y Perú, traducido en pérdida de empleos y de inversión foránea, será funesto a la larga si no se hacen correctivos como reducir el tamaño del Estado y el consiguiente gasto público, reducir impuestos, reducir aranceles unilateralmente sobre todo en los rubros de materias primas, capitalizar inmediatamente las empresas eléctricas que tantas pérdidas le ocasionan a los ciudadanos, abrir el mercado energético y de telecomunicaciones a la inversión privada, entre otras cosas. Pero debe actuarse rápidamente si se quiere entregar un país mejor administrable al siguiente gobierno.
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