El proyecto de Ley de Rehabilitación de la Producción propuesto por el diputado León Febres Cordero y en cuyo trámite volvió a insistirse en estos días abre la puerta a mayores regulaciones bancarias obstaculizando el ejercicio de la actividad financiera y productiva del país politizando el manejo del crédito y haciendo uso indebido del dinero de los depositantes.
Este Proyecto de Ley crea privilegios al proteger a un sector al mismo tiempo que vulnera los derechos de otro debido a que crea una legislación para la banca privada distinta de la banca estatal transgrediendo la Ley de Instituciones del Sistema Financiero actualmente vigente. Entrega el dinero de los depositantes al manejo político y burocrático, configurando así una virtual confiscación de sus ahorros. El Proyecto de ley violenta preceptos constitucionales y legales como la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, a la libre contratación y a normas establecidas en las ley de Instituciones del Sistema Financiero.
El Proyecto de Ley eliminaría el manejo adecuado y técnico de la liquidez de las instituciones financieras, en un momento dado estas entidades no podrían devolver los capitales a sus legítimos dueños, los depositantes, generando entonces un nuevo feriado bancario con el consiguiente pánico y final quiebre de las instituciones financieras, retroalimentando el riesgo país y propinando un golpe de gracia al sector productivo que ya vendría enfrentando una contracción del consumo gracias a esta misma ley.
Desde una óptica política, las operaciones financieras al supeditarse al control y dirección burocráticas, estarán sujetas al vaivén de las manipulaciones políticas, el Banco Central del Ecuador se convertiría en el brazo financiero de partidos y movimientos sociales y como medio de tráfico de favores y retaliaciones de acuerdo a la coyuntura y dependiendo de quien maneje su directorio. Sectores económicos, políticos y sociales se verán tentados a favorecer sus intereses desde este nuevo bastión político y enarbolando motivos de necesidad o “bien común” pretenderán condonación de deudas, privilegios y venganzas financiados ilegítimamente con dinero de los depositantes de la banca privada. La Ley propuesta de aprobarse requerirá de un aumento de funcionarios públicos tanto en el Banco Central como en entidades públicas de control generando mayor gasto fiscal sin que exista beneficio de inventario.
Lo adecuado para lograr tasas de interés mas bajas es realizar exactamente lo contrario: desregular el mercado financiero, abrir el país a la libre competencia con la banca internacional. No puede pretenderse al mismo tiempo eliminar las comisiones que cobran los bancos y controlar las tasas de interés, ello simplemente abrirá nuevas vías de escape para cubrir los costos de las operaciones financieras y manejar el riesgo inherente a esta actividad. Por otra parte, controlar el crédito y ponerlo a disposición de actores estatales burocráticos ocasionará una verdadera debacle financiera y una mayor percepción de riesgo en el país retroalimentando el crecimiento de las tasas de interés y llevando a las instituciones financieras a su quiebre.
El atraco a fondos privados que significó el feriado bancario debería ser suficiente lección para archivar un proyecto equivocado como este.
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