El increíble espectáculo que ha provocado el asunto de la Oxy está batiendo incluso los estándares ecuatorianos. Nuestro país ha terminado acostumbrándose a vivir de los escándalos. Hemos acuñado, si se quiere, una nueva forma de gobierno: la escandalocracia. Los problemas de interés nacional no se deliberan racionalmente, no se pesan con cautela, no se miden con prudencia. Y mucho menos se resuelven a tiempo y con firmeza. Tarde o temprano, se cae en la semántica del escándalo y la demagogia. Y nos encerramos en estos mares artificialmente agitados en vez de dedicarnos a responder a los desafíos del desarrollo económico y fortalecimiento institucional.
Pero el caso de la Oxy está por superar a todos. Con semejante escándalo que se ha armado se podría creer que el Gobierno ha comprobado, más allá de toda duda razonable, que esta empresa ha evadido impuestos, aniquilado el medio ambiente, falsificado sus balances, hecho contribuciones electorales, mandado a matar a alguien o planificado un golpe de Estado. Pero de nada de esto se trata. Su gran infracción se reduce a haber supuestamente transferido ciertos derechos contractuales a un tercero sin la autorización del Ministro de Energía. Las evidencias apuntan a que no hubo tal infracción, o al menos no son conclusivas.
Pero quizás lo más importante es que ese “tercero” no era un desconocido para el Gobierno, no se trataba de una empresa fantasma, de maleantes o de mala reputación –que es lo que se quiere evitar con la exigencia de obtener una autorización previa a cualquier cesión contractual–, sino que, al contrario, se trataba de una empresa de enorme prestigio internacional que a la sazón mantenía relaciones contractuales nada menos que con el propio Estado (!). Es decir, bien podría decirse que al final del día la ratio legis de la “autorización previa” no fue socavada.
Y esto es todo. Es por esto que se pretenden confiscar los activos y derechos de una empresa. Naciones de similar nivel de desarrollo económico que el Ecuador, como en África o el Caribe, por ejemplo, habrían resuelto este asunto en cosa de dos semanas.
En ellas y en otras, siguiendo una tendencia del derecho moderno, existe una política jurídica (legal policy) de evitar en lo posible la caducidad de los derechos o la nulidad de los contratos. Más aún cuando el propio Estado ha aceptado que no ha sufrido perjuicio económico. Pero no en el Ecuador. Y mucho menos en este caso donde quienes deberían estar al servicio del Estado lo vieron como una oportunidad para construirse pedestales con fines personales; aunque al final terminaron por cavar un hoyo en el que han metido irresponsablemente al país y del que ni ellos mismos saben ahora cómo salirse.
Lamentablemente, no es la primera vez que el Ecuador termina en estos callejones sin salidas creados artificialmente por aventureros, demagogos o borradores de patriotas.El país ha perdido miserablemente los últimos veinte años en escándalos como este. Y todo indica que vamos a seguir así por muchos más.
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