Presidente de la CONAIE advierte que las manifestaciones estarán “en todas las calles y carreteras del país”
Los movimientos sociales se mantienen a la expectativa de la resolución que tome el Estado para decidir la caducidad o no del contrato con la empresa Occidental, y para fortalecer su posición, durante la próxima semana, anuncian movilizaciones populares en defensa de los recursos petroleros, adelantándose así a la decisión que tome el Ministro de Energía, autoridades de Petroecuador o el propio Gobierno.
A criterio de Luis Macas, presidente de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la demora para declarar la caducidad por parte del régimen de Palacio, se debe a acuerdos de última hora entre autoridades energéticas y representantes de la OXY, que a su juicio estarían a punto de decidir una transacción y permitir que la compañía estadounidense continúe explotando petróleo en el país.
“En todas las calles y carreteras de este país, se protestará hasta que se recupere la soberanía”, afirmó Macas, “hasta que cuando el país rescate su dignidad, porque no puede ser de otra manera”, y de este modo expresó la oposición de los movimientos sociales a que la empresa se mantenga en el país, tras acusaciones de incumplimientos en su contrato en varias ocasiones, y especialmente por haber cedido acciones a favor de otra petrolera sin haber notificado de ello al Estado, como lo establece la Ley de Hidrocarburos.
Según informó Sonorama, las organizaciones agrupadas en el Frente Popular, una de ellas la Unión Nacional de Educadores (UNE), tomarán parte en estas acciones que se desarrollarán el próximo 18 de mayo.
La protesta se da en momentos en que el Estado ha aprobado una reforma a la Ley de Hidrocarburos por la cual las petroleras que exploten petróleo del subsuelo nacional deberán compartir utilidades en una proporción del 50% con el Estado ecuatoriano.
A criterio de Luis Macas, presidente de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la demora para declarar la caducidad por parte del régimen de Palacio, se debe a acuerdos de última hora entre autoridades energéticas y representantes de la OXY, que a su juicio estarían a punto de decidir una transacción y permitir que la compañía estadounidense continúe explotando petróleo en el país.
“En todas las calles y carreteras de este país, se protestará hasta que se recupere la soberanía”, afirmó Macas, “hasta que cuando el país rescate su dignidad, porque no puede ser de otra manera”, y de este modo expresó la oposición de los movimientos sociales a que la empresa se mantenga en el país, tras acusaciones de incumplimientos en su contrato en varias ocasiones, y especialmente por haber cedido acciones a favor de otra petrolera sin haber notificado de ello al Estado, como lo establece la Ley de Hidrocarburos.
Según informó Sonorama, las organizaciones agrupadas en el Frente Popular, una de ellas la Unión Nacional de Educadores (UNE), tomarán parte en estas acciones que se desarrollarán el próximo 18 de mayo.
La protesta se da en momentos en que el Estado ha aprobado una reforma a la Ley de Hidrocarburos por la cual las petroleras que exploten petróleo del subsuelo nacional deberán compartir utilidades en una proporción del 50% con el Estado ecuatoriano.
El Federalista: "movimientos políticos amenazan con violentar la Constitución", ese debe ser el titular de esta clase de noticias. En primera instancia el caso Occidental debe tratarse de acuerdo a lo que la Constitución de la República permite, la Constitución prohibe explícitamente la figura de la confiscación y la ley señala además que cabe transacción según lo ha manifestado el Procurador General del Estado. Las partes involucradas pueden entonces negociar un acuerdo fuera de cortes y ello es perfectamente legal y constitucional, mas aún, eso es lo que le conviene a los ciudadanos, Occidental es la empresa que mayor volumen de impuestos paga generando miles de puestos de trabajo y destinando parte de sus ingresos a obras sociales en la amazonía.
Por otra parte, están quienes sí violentan la Constitución con pasmosa frecuencia, la Carta Magna señala que es delito paralizar servicios públicos como el de la transportación. Paralizar calles y carreteras es una contravención a la ley y sobre todo al derecho de los ciudadanos a transitar y comerciar. ¿Es acaso mucho pedir un poco de cordura y sentido común a estos políticos?
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