Monday, May 08, 2006

Facturar combustibles, opción de Diego Borja

Noticia en El Universo:

La asfixia económica que le está causando al Gobierno el subsidio al gas, a la gasolina, al diésel y a la electricidad lleva al Ministerio de Economía a intentar nuevamente formalizar el negocio de los combustibles.
La primera pretensión fue a inicios del 2005, pero por oposición de los sectores involucrados el plan denominado Oro Negro fracasó.
Ahora se insistirá en la emisión de las facturas de compra y venta de todo tipo de producto, porque el contrabando se está llevando el 40% del dinero destinado a los subsidios, calculó el ministro de Economía, Diego Borja.
Por esto, hasta diciembre próximo el Ecuador gastará entre $ 1.500 y $ 1.650 millones, ayuda económica que solo debería llegar a la población más necesitada, pero que gozan todos los estratos sociales.
El último reporte de Petroecuador, petrolera estatal, revela que cada cilindro de gas de uso doméstico le cuesta al Estado $ 9,91 (el 60% del contenido de cada bombona es importado). El consumidor, sin embargo, lo adquiere en $ 1,60, es decir que el subsidio es de $ 8,31.
El galón de diésel (utilizado sobre todo por las generadoras térmicas de energía eléctrica) enfrenta una realidad similar; mientras su valor real es de $ 2, el de venta al público es de $ 0,90. La ayuda en este caso es de $ 1,10.
Con la gasolina extra el panorama no cambia. Su costo verdadero es de $ 1,91, pero en el mercado nacional se expende a $ 1,31; el fisco subsidia cada galón en $ 0,60. “Si a eso le añadimos los $ 300 millones de la tarifa eléctrica” al final tenemos solo pérdidas, precisó Borja.
Ese es el problema de Petroecuador. Gracias al subsidio el costo del kilovatio hora –calculado por el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) en 10,80 centavos de dólar– cuesta al abonado 8,80 centavos, valor que cancela mensualmente.
Son esas distorsiones las que han llevado al Ministerio de Economía a retomar el tema de la facturación en el sector de los derivados, indicó Borja, y no solo eso, sino el insistir a Petroecuador a que forme parte del sistema de pagos interbancarios (del Banco Central del Ecuador), así como del sistema formal del Servicio de Rentas Internas (SRI). El objetivo final: vigilar a quienes compran y venden el producto.
Borja está convencido de que al cruzar la información entre el BCE y el SRI se controlará con claridad a dónde se va el combustible, ya que según el funcionario el problema no está en las fronteras, sino en quienes expenden el producto en las centrales de despacho Pascuales (Guayaquil) y El Beaterio (Quito), es decir, en Petroecuador.


El Federalista: habrá que investigar quién fue el "genio" que inventó la idea de los subsidios a los combustibles y que intervino en el mercado energético ecuatoriano.

El gobierno debe realizar lo siguiente tarde o temprano, le guste o no a los políticos inconsecuentes que padecemos: el mercado energético debe abrirse a la libre competencia, esto implica la reducción del papel del Estado en el mismo. Los precios de los combustibles deben ser fijados por la oferta y demanda eliminando los subsidios paulatinamente. Petroecuador debe convertirse en empresa privada o al menos competir en igualdad de condiciones con otras empresas que puedan importar, refinar, transportar y comercializar combustibles a precios de mercado.

Las industrias estatales o privadas como las energéticas deben adquirir y pagar sus combustibles y cobrar cumplidamente sus tarifas a sus clientes. Deben también estar en capacidad de importar sus combustibles e incluso vender su producción energética a otras naciones. Cualquier persona u organización debe estar en capacidad de instalar su propia fuente de energía y venderla a quien considere necesario.

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