Desastre en discoteca quiteña y la negligencia municipal

Las normas municipales de seguridad o las ministeriales de salud en la práctica no se cumplen, pero el Estado central y municipal sí nos cobran por mantener estas normas.

Una vez mas el gobierno central y el municipal demuestran su incompetencia para impedir que ocurran desgracias basadas en la negligencia de algunos empresarios. Una vez mas queda trágicamente demostrado que el "Estado fuerte" no funciona, cobra impuestos por servicios que no sirven y no es responsable por las desgracias que sus arbitrariedades ocasionan.

Empecemos señalando que para iniciar formalmente un negocio en Quito, se deben cumplir una serie de engorrosos y costosos trámites en diversas agencias municipales y estatales, cumplir con permisos e inspecciones municipales, del Ministerio de Salud Pública y de bomberos. Sin embargo los desastres causados por la negligencia de algunos propietarios siguen ocurriendo, los desastres se llevan valiosas vidas y destruyen propiedades, pero el pretexto estatal es el mismo: falta de presupuesto para contratar personal para las inspecciones, un pretexto mediocre por cierto, pues el Municipio de Quito mantiene más de 17 mil burócratas en calidad de empleados en nómina, tercerizados o bajo la modalidad de servicios profesionales. Entonces ¿Más presupuesto para qué? ¿Para contratar a los coidearios de Paco Moncayo y mantener un feudo electoral costeado por todos? (se rumora insistentemente que Paco Moncayo planeaba su reelección terciando por Alianza PAÍS).

No, la solución al fracaso del Estado no es más Estado ni más financiamiento para ese estado, la solución es una mayor administración y fiscalización por parte de los ciudadanos. Expliquemos un poco esta solución.

Si los barrios se administraran en forma privada por parte de los mismos vecinos, muchos negocios de riesgo industrial o que involucren a mucho público serían eficazmente regulados y fiscalizados por los vecinos mediante empresas privadas que velen por la seguridad de instalaciones, de hecho muchos negocios sólo podrían operar si están asegurados contra daños a terceros. Estas normas de seguridad que fijarían los barrios o las empresas tercerizadas para esa función, evidentemente variarían de un sector a otro pero serían una valiosa información para las familias y las empresas en el momento de elegir lugar para establecerse.

Normas de seguridad eficientes, buen control de la delincuencia, costos razonables por condominio y una apropiada administración privada del espacio público, atraerían negocios y familias que buscan tranquilidad, seguridad, esparcimiento y buenos servicios, y esto a su vez se traduciría en mejores recaudaciones para mantener la administración del barrio. Otros barrios, pertenecientes a estratos pobres podrían tener bajos costos por condominio pero el uso de los recursos sería priorizado para seguridad e infraestructura de tránsito y servicios, atrayendo a muchas empresas jóvenes que migrarían allí por los bajos costos pero cumpliendo exigentes normas de seguridad, de hecho esa sería la forma en que los barrios atraerían empleos y mejorarían la calidad de vida de los vecinos sin sacrificar la seguridad, permitiendo además que las recaudaciones se incrementen y de esta manera puedan ofrecerse nuevos servicios en el futuro.

Si por ejemplo, los barrios que regulen la instalación de industrias en sus límites obligasen a estas a contar con seguros por daños a terceros, las compañías de seguros a su vez se protegerían obligando a las industrias a contar con sistemas contraincendios eficientes, a adoptar procedimientos de emergencia, mantener infraestructuras y equipos menos riesgosos y a mantener una cultura de seguridad por parte de los empleados. Si las desgracias ocurren pese a estas normas, al menos los vecinos, los empleados y clientes de las instalaciones estarán mejor equipados para enfrentar estas desgracias y estarán protegidos por seguros.

De esta manera, una sana competencia barrial por buenos servicios y una sana competencia empresarial por beneficios entre las empresas de seguros, permitirán una mayor seguridad y bienestar para todos, una eficaz protección contra desastres por negligencia y una empresa privada más responsable. Los vecinos verán mejor invertidos sus recursos, se encontrarán más seguros, contratarán sirectamente obras que podrán fiscalizar de cerca y plasmarán mejores servicios públicos.

Por el contrario, el actual sistema de permisos municipales de funcionamiento financiado por impuestos que no aseguran a los ciudadanos contra desagracias personales, sólo hacen posible la corrupción de los inspectores para obtener los permisos y financia una costosa burocracia municipal en donde prima la politiquería, la vagancia y el despilfarro. Porque pese a los fuertes impuestos municipales que la administración cobra, pese a una maraña de regulaciones municipales y pese a una costosa burocracia que mal administra todo, las desgracias siguen sucediendo, la imprevisión sigue costando vidas, las vías se siguen destruyendo, el tráfico sigue incrementándose y los servicios e infraestructura siguen incrementando su costo.

La razón de este sinsentido es que ningún estado puede producir ni inventar nada, sólo puede confiscar y copiar -muy mal- lo que el sector privado produce e innova contínuamente. Es por eso que ya es hora de una mejor administración del espacio público, una administración ciudadana, es decir, una administración privada.