Las acciones defensivas de un Estado pueden violar la soberanía de otro; pero las acciones agresivas de la guerrilla, no. Esta sería, palabras más o menos, la formulación de la doctrina con la que Rafael Correa pasaría a formar parte del elenco de latinoamericanos que le han dado su nombre a principios de derecho internacional.
No debe extrañar que una formulación tan categórica tropiece con doctrinas ya existentes, como aquella que obliga a los Estados a proteger a los demás de cualquier agresión violenta.
En caso que el Estado no quiera o no pueda garantizar la protección debida, entonces, excepcionalmente, el mismo Estado perjudicado puede intervenir y realizar lo que el Estado territorial haya omitido hacer, por ejemplo, "disolver una banda armada que intenta invadir su territorio o ejercer los poderes de policía para proteger a sus nacionales" (Alfredo Verdross).
El principio según el cual cada Estado es el único competente para velar por el mantenimiento del orden en su territorio, sufre así una derogación, cuando se rehúsa a otros Estados la protección debida.
Cierto que el derecho de los Estados a protegerse excepcionalmente a sí mismos en territorio extranjero es admitido por la práctica internacional; pero la doctrina Correa tropieza con otros pequeños problemas prácticos.
La densa polvareda levantada por el gobierno ecuatoriano no logra ocultar el hecho incontrovertible de que la jefatura de las FARC despachaba desde territorio ecuatoriano, bajo la protección o encubrimiento de la administración Correa. El volumen de las declaraciones y la exageración de las medidas, induce a la sospecha de que se trata de ocultar hechos que son de suyo, evidentes. Como por ejemplo, el carácter permanente del campamento de las FARC, reforzado por sus declaraciones de que era "provisional". Por no mencionar que lo que se presenta como agravante, que los guerrilleros estaban dormidos, en ropa interior (en Venezuela se dijo "en pijamas"), más bien transmite una idea de la comodidad en que se encontraban en territorio ecuatoriano.
El gobierno ecuatoriano se considera víctima de una agresión sin precedentes pero no ha podido mostrar ninguna víctima ecuatoriana de la incursión de las FFAA colombianas. Evidentemente todas las bajas, incluso el soldado muerto en acción, eran colombianos. Lo único que puso el Ecuador fue el territorio. Como ahora se dice en Venezuela: ¿Por qué? Puesto que se sentencia que todo lo que provenga de autoridades colombianas es mentira, oigamos las verdades ecuatorianas. Ecuador se presenta como un firme contendor de la guerrilla, al punto de que han entregado a jefes como Simón Trinidad, atrapado en Quito (no se sabe qué hacía ese señor allí, tan lejos de la selva) y desmantelado decenas de campamentos guerrilleros. Pero, qué cinismo el de Colombia, que tiene decenas de bases guerrilleras en su territorio y sabe lo difícil que es controlar totalmente esta situación. Lectura: este campamento no había sido detectado por las autoridades ecuatorianas y de haberlo sido, seguramente que lo habrían desmantelado.
Pero ocurre que autoridades de la administración Correa son asiduos visitantes del campamento. Respuesta: era para realizar actividades humanitarias como lograr la liberación de secuestrados, incluso, Ingrid Betancourt.
Preguntado el Ministro de Seguridad Pública del Ecuador, Gustavo Larrea, si sus reuniones humanitarias eran en territorio ecuatoriano o colombiano, no puede responder porque, uno, significaría admitir conocimiento de la presencia de Reyes en territorio bajo su jurisdicción, lo otro es violar a su vez la soberanía de Colombia; entonces recurre a la peor salida en caso de aprieto: inventar la existencia de "un tercer país".
Lo menos que se le puede decir a Larrea es que tiene graves problemas con la verdad, no se maneja nada bien en ese terreno.
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