Por Danny Ayala Hinojosa
La eterna crisis del sector eléctrico tiene su origen en la monopolización y regulación estatal de este sector que propicia a su vez una marcada corrupción, que a pesar de ser inherente a la administración estatal, para el caso ecuatoriano, este mal se presenta similar a la de un enfermo agonizante, mas no es el objetivo de este artículo enumerar los males sino proponer soluciones concretas.
Evidentemente la inversión privada nacional o extranjera es necesaria para reactivar las instalaciones energéticas del país, crear nueva infraestructura eléctrica y ejercer una adecuada gestión de cobro de las planillas. Por otra parte, se requiere eliminar paulatinamente los subsidios eléctricos y las distorsiones que estos crean en el presupuesto del gobierno, el mismo que debe cubrir estos costos con dinero de impuestos, en realidad, los ecuatorianos ya pagamos la tarifas eléctricas mediante planillas y mediante impuestos. Finalmente, debe ofrecerse un marco jurídico que garantice a los inversionistas un retorno de lo invertido y que permita que se continúe reinvirtiendo en el sector energético del país.
Lo apropiado entonces es que las empresas eléctricas sean capitalizadas y administradas en forma privada y que puedan entregar sus servicios a costos de mercado, mas, para garantizar a los consumidores costos razonables por el servicio, debe garantizarse al mercado un ambiente de libre competencia eliminando las múltiples regulaciones que afectan al sector. La libre competencia debe entenderse también como la libre importación de combustibles, repuestos y maquinarias para operar las instalaciones, así como permitir la importación de energía de otros países mediante interconexión o la instalación de barcazas u otros mecanismos que puedan imaginarse.
Con razón se puede intuir que los precios reales, es decir, precios de mercado, al que se comercializará la energía eléctrica pueden ascender merced a la eliminación de los subsidios. Pues bien, para reducir el impacto de este aterrizaje a la realidad que supone pagar lo justo por un servicio, lo recomendable sin ninguna sombra de duda es reducir la presión tributaria sobre los ciudadanos, es decir, eliminar impuestos. Sea dicho de paso, los impuestos tienen un efecto devastador en la economía, sobretodo en los bolsillos de los mas pobres.
Idealmente, Ecuador puede funcionar muy bien con un solo impuesto de IVA del 10% cobrado en cada municipio, ello sería suficiente para costear obras municipales básicas, un sistema de justicia eficiente, un cuerpo consular y un ejército profesional (y esto es todo lo que el gobierno debe ofrecer, toda otra instancia gubernamental sobra). Entonces, al menos de momento, como paso previo a la propuesta anterior de un gobierno limitado y eficiente, podemos –y debemos- eliminar el Impuesto a la Renta, el Impuesto a los Consumos Especiales, los impuestos sobre exportaciones, y reducir los aranceles a un arancel fijo de quizá el 10%.
Toda la reforma fiscal anterior permitirá mayor poder adquisitivo para los ecuatorianos, es decir mas dinero en las billeteras y carteras de los ciudadanos, esto permitirá afrontar con solvencia el fin de los subsidios eléctricos (y por que no, también de los combustibles). Esto a su vez dinamizará la economía, permitirá un mayor ingreso de inversiones en el sector eléctrico y en otros muchos sectores, creando fuentes de empleo logrando un mayor bienestar general.
Estas son las soluciones que enfocadas en el sector eléctrico, lograrían de paso solucionar otros males como el desempleo, la inseguridad jurídica, el centralismo y la carga tributaria. Sin embargo estas soluciones exigen sentido común y coraje para llevarlas a cabo. ¿Los candidatos presidenciales actuales tendrán estas cualidades?
La eterna crisis del sector eléctrico tiene su origen en la monopolización y regulación estatal de este sector que propicia a su vez una marcada corrupción, que a pesar de ser inherente a la administración estatal, para el caso ecuatoriano, este mal se presenta similar a la de un enfermo agonizante, mas no es el objetivo de este artículo enumerar los males sino proponer soluciones concretas.
Evidentemente la inversión privada nacional o extranjera es necesaria para reactivar las instalaciones energéticas del país, crear nueva infraestructura eléctrica y ejercer una adecuada gestión de cobro de las planillas. Por otra parte, se requiere eliminar paulatinamente los subsidios eléctricos y las distorsiones que estos crean en el presupuesto del gobierno, el mismo que debe cubrir estos costos con dinero de impuestos, en realidad, los ecuatorianos ya pagamos la tarifas eléctricas mediante planillas y mediante impuestos. Finalmente, debe ofrecerse un marco jurídico que garantice a los inversionistas un retorno de lo invertido y que permita que se continúe reinvirtiendo en el sector energético del país.
Lo apropiado entonces es que las empresas eléctricas sean capitalizadas y administradas en forma privada y que puedan entregar sus servicios a costos de mercado, mas, para garantizar a los consumidores costos razonables por el servicio, debe garantizarse al mercado un ambiente de libre competencia eliminando las múltiples regulaciones que afectan al sector. La libre competencia debe entenderse también como la libre importación de combustibles, repuestos y maquinarias para operar las instalaciones, así como permitir la importación de energía de otros países mediante interconexión o la instalación de barcazas u otros mecanismos que puedan imaginarse.
Con razón se puede intuir que los precios reales, es decir, precios de mercado, al que se comercializará la energía eléctrica pueden ascender merced a la eliminación de los subsidios. Pues bien, para reducir el impacto de este aterrizaje a la realidad que supone pagar lo justo por un servicio, lo recomendable sin ninguna sombra de duda es reducir la presión tributaria sobre los ciudadanos, es decir, eliminar impuestos. Sea dicho de paso, los impuestos tienen un efecto devastador en la economía, sobretodo en los bolsillos de los mas pobres.
Idealmente, Ecuador puede funcionar muy bien con un solo impuesto de IVA del 10% cobrado en cada municipio, ello sería suficiente para costear obras municipales básicas, un sistema de justicia eficiente, un cuerpo consular y un ejército profesional (y esto es todo lo que el gobierno debe ofrecer, toda otra instancia gubernamental sobra). Entonces, al menos de momento, como paso previo a la propuesta anterior de un gobierno limitado y eficiente, podemos –y debemos- eliminar el Impuesto a la Renta, el Impuesto a los Consumos Especiales, los impuestos sobre exportaciones, y reducir los aranceles a un arancel fijo de quizá el 10%.
Toda la reforma fiscal anterior permitirá mayor poder adquisitivo para los ecuatorianos, es decir mas dinero en las billeteras y carteras de los ciudadanos, esto permitirá afrontar con solvencia el fin de los subsidios eléctricos (y por que no, también de los combustibles). Esto a su vez dinamizará la economía, permitirá un mayor ingreso de inversiones en el sector eléctrico y en otros muchos sectores, creando fuentes de empleo logrando un mayor bienestar general.
Estas son las soluciones que enfocadas en el sector eléctrico, lograrían de paso solucionar otros males como el desempleo, la inseguridad jurídica, el centralismo y la carga tributaria. Sin embargo estas soluciones exigen sentido común y coraje para llevarlas a cabo. ¿Los candidatos presidenciales actuales tendrán estas cualidades?
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