Precisamente, la percepción de inseguridad es una de las principales causas para que aumente la demanda de armas en la población civil, según un estudio realizado por la Flacso.
Hasta mayo de este año, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha entregado 111 373 permisos a civiles para que porten armas, de los cuales 35 673 se extendieron en el año 2005.
En opinión de Fernando Carrión, investigador de la Flacso, esta cifra es altamente preocupante porque demuestra que hay un ejército de individuos sin control de mando y sin control de uso, que supera a los 36 000 policías que disponen de 11 000 armas.
Estas cifras no reflejan la realidad. El coronel Manuel Samaniego, jefe nacional de Control de Armas, reconoce que hay un alto número de personas que utilizan pistolas, revólveres, escopetas y ametralladoras, sin ningún permiso. “En las ciudades más pobladas y en las provincias fronterizas es donde más se registra esta tenencia ilegal de armas”.
El Federalista: legal o ilegal (pero no ilegítimo), los ciudadanos están mas concientes que por principio y en última instancia, la defensa individual es competencia de cada persona. Los ciudadanos están pasando de la defensa pasiva a una activa, de una conducta reactiva a una proactiva, mediante la contratación de guardianías privadas, sistemas de alarma y adquisición de armamento.
Un dato: el número de guardias privados -180.000- supera al total de efectivos de las fuerzas armadas y policía juntas y casi llega al total mas los efectivos en reserva. En total, mas de 200.000 personas trabajan para la seguridad pública y privada, lo que significa que el problema no está en los presupuestos ni armas de la policía, el problema radica en un sistema judicial obsoleto, una fiscalía que no cuenta con equipos y laboratorios que lleven a la condena de un delincuente y de sistemas carcelarios cuyos servicios son pésimos.
Se requiere de urgencia modernizar los servicios públicos de justicia y privatizar los servicios carcelarios, se necesitan mejores laboratorios de criminalística, la descentralización del mando policial y un mejor equipamiento de los efectivos policiales o directamente la concesión de la seguridad pública a entidades privadas.
O se hace todo lo anterior, o de facto los ciudadanos dejarán de pagar impuestos, porque no es justo pagar por un servicio que no se tiene, la seguridad pública.
2 comments:
(...) porque no es justo pagar por un servicio que no se tiene, la seguridad pública.
Qué bueno sería poder "darse de baja" en los servicios estatales de la misma forma que lo hacemos con las compañías que nos ofrecen otros servicios a diario (luz, teléfono, seguro médico, etc.)
(...) porque no es justo pagar por un servicio que no se tiene, la seguridad pública.
Qué bueno sería poder "darse de baja" en los servicios estatales de la misma forma que lo hacemos con las compañías que nos ofrecen otros servicios a diario (luz, teléfono, seguro médico, etc.)
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