¿Cuál (neo)liberalismo?

Por Danny Ayala Hinojosa

Con frecuencia escuchamos o leemos a airados políticos, comunicadores sociales y funcionarios públicos sobre la perversidad del (neo)liberalismo y la ruina que ha causado a nuestro país las políticas "neoliberales". Tanto se ha difundido esta falacia y con tanta vehemencia en círculos políticos, académicos y gremiales que se ha convertido en una especie de verdad absoluta.

¿Pero es verdad que el liberalismo ha arruinado a nuestro país?

Empecemos diciendo que el liberalismo defiende la no intervención del Estado en la actividad privada de los ciudadanos y de sus relaciones económicas y sociales. El liberalismo defiende la propiedad privada y promueve la eliminación de impuestos, y de monopolios amparados por leyes y regulaciones; promueve la sociedad abierta al comercio, la producción y el intercambio de ideas, bienes y personas. En definitiva, promueve que cada ciudadano sea libre de elegir y de crear, de aprender y de intercambiar, sin más obligación que la de defender el derecho de los demás.

En relación al concepto anterior ¿Ecuador es un país abierto? ¿el liberalismo ha echado raíces aquí?

La respuesta es no. Ecuador es un país donde el liberalismo brilla por su ausencia y por el contrario, el socialismo ha logrado establecer una fuerte cabeza de playa haciendo concesiones a otra política aún menos liberal: el mercantilismo, tanto es así que a veces es difícil apreciar donde empieza el socialismo y donde el mercantilismo. Veamos unos ejemplos.

La intervención estatal en la sociedad empieza por un sistema jurídico que no defiende derechos sino pseudo-derechos "sociales" y por el contrario institucionaliza el relativismo moral, en un artículo de la Constitución se señala: (el Estado reconocerá) "El derecho a la propiedad, en los términos que señala la ley", pero más tarde en otro artículo se proclama: "Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial." Por lo que en realidad la propiedad no está garantizada y si por mala suerte alguien encuentra petróleo o minerales bajo su propiedad, lejos de poder explotar estos recursos, su propiedad puede ser abiertamente confiscada, incluso concesiones de explotación bajo contrato firmados por el Estado han sido irrespetados y no pocas empresas han sido expropiadas o confiscadas con tecnicismos legales.

Nuestro país en lugar de ser una economía abierta a la libre competencia es una economía de monopolios públicos y privados. El Estado mantiene el monopolio de la importación, generación y comercialización de combustibles y a menudo la administración estatal genera desabastecimientos, desperdicio, corrupción y contaminación. Súmese a ello el control de los precios de combustibles y subsidios que en el año 2007 le costarán a los ciudadanos cerca de 2.315 millones de dólares, los subsidios al gas costarán 498 millones, el subsidio a la gasolina costará 350 millones, el del fuel-oil 92 millones, el del diesel 1043 millones y los subsidios a los combustibles que usan las generadoras térmicas costarán la suma de 330 millones de dólares.

A propósito, un segundo monopolio estatal lo constituye el de la energía a través de la generación (seis empresas), transporte (una, Transelectric) y distribución de energía eléctrica (veinte empresas) y varios entes burocráticos como el Consejo Nacional de Electrificación, Centro Nacional de Control de Energía, Subsecretaria de Electrificación, Comisión Ecuatoriana de Energía Nuclear, oficina del Proyecto de Modernización de sectores Eléctrico, Telecomunicaciones y servicios Rurales, FERUM, Ecuacier, Fondo de Solidaridad, etc. gubernamentales o privados que se financian con dinero público. Toda esta maraña de empresas y entes reguladores estatales no solo no han logrado la modernización y expansión de los servicios eléctricos, ninguna de estas empresas logra utilidades y por el contrario generan ingentes pérdidas a los ciudadanos, entre las deudas que las empresas eléctricas no han podido cobrar se encuentran las de Emelmanabí con 271 millones de dólares, Emelgur 33,7 millones o Los Ríos con 33,2 millones.

Y sobre pérdidas mucho se puede contabilizar del oligopolio estatal de telefonía y celular de Andinatel, Pacifictel, Etapa y Telecsa, empresas que despilfarran recursos en costosas campañas publicitarias y onerosos contratos colectivos que sumados a las pérdidas por pirateo (usualmente "trabajo interno"), imponen a los consumidores precios altos, costos por corrupción (solo Andinatel pierde unos $120 millones anuales por by-pass) servicios deficientes y ninguna capacidad de elegir. Pero además el sector de telecomunicaciones está regulado por al menos cuatro entidades estatales: Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y Consejo Nacional de Radio y Televisión. La telefonía celular privada padece de los mismos problemas: no existe competencia, porque no existe un trámite para concesión de bandas sino que el concurso de concesión que realiza el Estado se establece nadie sabe bajo que criterios, la concesión tiene un elevado costo y las regulaciones en general impiden el ingreso de nuevos competidores y por ende de la competencia en servicios y precios.

La misma falta de competencia es la clave para explicar los ruinosos servicios de salud y pensiones en el país, existe un monopolio impuesto a los ciudadanos, el IESS, que al estar financiado de forma intergeneracional (donde las pensiones de unos se financian del ahorro de otros) inevitablemente genera pérdidas a los trabajadores y reducidas pensiones a los jubilados. Además de la imposibilidad de elegir otro servicio, no obstante los empleados del IESS están protegidos con una serie de privilegios pagados del ahorro de los aportantes. Sin embargo, cada ciudadano entrega a la fuerza su ahorro a otras personas que ni siquiera están cubiertas con el sistema de pensiones del IESS, son los casos del ISSFA y el ISSPOL, institutos de seguridad social de las FFAA y de la Policía Nacional respectivamente, que son subsidiados con el dinero de los impuestos cobrados a las personas, pues ISSFA e ISSPOL reciben subsidios estatales, y en el año 2007 recibirán montos por 104,93 y 42,27 millones de dólares (el IESS mismo recibe subsidios por 378,3 millones de dólares). ¿Liberalismo?

Y ya que hablamos de ahorro, hay que ver que mientras se ha perseguido -con razón - a banqueros inescrupulosos, pocos reparan en el sistema financiero estatal, hablamos de la Corporación Financiera Nacional, del Banco Nacional de la Vivienda, del Banco Nacional de Fomento, del Banco del Estado y el Banco Central del Ecuador antes entidad emisora. Pues bien, además de que el Banco Central del Ecuador que maneja cuentas de gobiernos seccionales no paga intereses a sus clientes, los restantes bancos entregan créditos a costos subsidiados que luego se trasladan a los ciudadanos a través de impuestos o endeudamiento externo (impuestos futuros), amén de los privilegios sindicales que los empleados de estos bancos tienen. Nada de esto reactiva la producción pues los créditos subsidiados o condonados solo destruyen el ahorro ajeno y beneficia a unos pocos. No obstante se ha indicado que el sector financiero privado fue "liberalizado" en los noventas, lo cual es falso, pues convertir al gobierno en prestamista de última instancia de bancos en apuros no es liberalismo es paternalismo, mercantilismo puro y duro, y la multitud de reglamentos, leyes, normas, resoluciones y regulaciones financieras que llegan a más de 260 poco tienen de liberales.

Pero si de subsidios se trata, ciertos municipios, organismos estatales, sindicatos públicos y Fuerzas Armadas tienen amplia experiencia en gestionar empresas y propiedades costeadas sin consentimiento de los contribuyentes. En el caso de los municipios, como ejemplo sólo el Municipio Metropolitano de Quito maneja 14 empresas y corporaciones, muchas en calidad de monopolio, todas susceptibles de entregarse al sector privado bajo libre competencia. El CONSEP mal administra decenas de haciendas, departamentos, casas y fincas incautadas a narcotraficantes así como mobiliario, maquinarias, vehículos y obras de arte, que ha menudo han sido sustraídas, destruidas o utilizadas ilegalmente por los mismos funcionarios. El gremio de la Unión Nacional de Educadores, uno de los más feroces enemigos del liberalismo resulta ser una organización bastante capitalista, pues aunque a menudo organice paralizaciones por falta de presupuesto en la educación pública, de algún modo se las ingenia para construir complejos habitacionales valorados en 60 millones de dólares, administra su propio sistema de pensiones y crédito, entre otros negocios.

Y sobre negocios las Fuerzas Armadas pueden relatarnos sobre monopolios, competencia desleal y hasta confiscación. La casa militar no pierde (las pérdidas se socializan en el presupuesto nacional) así que aunque le vaya mal o bien a las empresas del Holding DINE manejado por las Fuerzas Armadas éstas tendrán siempre recursos necesarios. Además del ISSFA ya señalado, la milicia mantiene empresas en los sectores siderúrgico (Adelca, Ecuacobre), químico (Explocen), construcciones, calzado y vestimenta, municiones, productos agrícolas como proteas, banano, arroz, cereales y lácteos, floricultura, etc. Son alrededor de una veintena de empresas y otras en las cuales mantiene una participación menor como Condor Mine (10%). La aviación tiene su propia Dirección de Industria Aeronáutica de la FAE y la Armada del Ecuador mantiene la Flota Petrolera Ecuatoriana, empresa de economía mixta que fue creada junto a la Kawasaki Kisen Kaisha, mas un buen día el gobierno decidió nacionalizar la participación de la empresa japonesa. Así mismo la milicia hace competencia desleal al transporte aéreo con los privilegios que se otorgan a TAME y no es de extrañar que la milicia compita con la empresa privada para ofrecer servicios aéreos a las compañías petroleras.

Ya que volvimos al tema petrolero, sucede algo curioso con la legislación ecuatoriana en materia petrolera, resulta que en caso de contravenciones el Estado es juez, parte, fiscal, abogado y tribunal. Pues la ley señala que el juez natural de la causa no son ni las cortes superiores ni la Corte Suprema de Justicia es el Ministro de Energía. Pero para que una empresa privada entre en negocios con el Estado es el mismo Ministro de Energía quien firma los contratos. Es decir, si hubiese una demanda por incumplimiento de contrato por parte del gobierno, el mismo gobierno hace de juez y de abogado mediante la Procuraduría y de parte acusadora en el caso de que la demanda sea hecha por el Presidente de Petroecuador, una empresa estatal. Esto es digno de la mas enloquecida dictadura socialista, y como podría ser de otra manera si la Ley de Hidrocarburos fue expedida a finales de los 70s durante la dictadura. ¿Y a esto le llaman liberalismo?

Si algo propone el liberalismo es la reducción de impuestos al mínimo y libertad de comercio, pero en nuestro país existen más de 50 impuestos, tasas, aranceles, cargos, tarifas. Ecuador mantiene el nada liberal impuesto a la renta en forma progresiva de hasta el 25% sobre el logro de las personas y empresas, a esto agregar el 15% de utilidades a repartir a trabajadores de la empresa, sumar los costes por permisos municipales, el IVA, el ICE a telefonía y ciertos consumos y los altísimos aranceles e IVA sobre importaciones, impuesto por carga en exportaciones, impuestos financieros del 5%. Los autos importados se cargan con mas de 52% de impuestos y muchos otros productos, como materias primas y productos de consumo masivo afrontan cargas similares y hasta mayores. Pero además hay impuestos y regulaciones para beneficio privado fijados en la ley como el 1x1000 de cada contrato petrolero que debe pagarse al colegio de ingenieros petroleros o la agremiación forzosa a cámaras empresariales.

Qué decir de los costos por "especies" en absurdos trámites y de las coimas que muchos son obligados a pagar para acelerar el proceso. Cada familia ecuatoriana debe destinar entre el 50% y 60% de sus ingresos a impuestos lo que equivale a trabajar como esclavo del Estado hasta mayo/junio ¿Qué tiene que ver esto con el liberalismo? absolutamente nada.

Uno pasa apuros recordando qué empresas han sido privatizadas: Cemento Nacional, Ecuatoriana de Aviación, Aztra. Pero uno puede citar una larga lista de empresas estatales, municipales, policiales, militares y de gremios así como otra larga lista de entidades burocráticas como los 23 ministerios y secretarías con nivel de ministerio y decenas de corporaciones, institutos, consejos nacionales, direcciones, secretarías y subsecretarías, la suma sobrepasaría los 1.700 organismos públicos con más de 450 mil funcionarios amparados en más de 120 mil leyes, nadie realmente lo sabe, se tiene una idea algo más concreta del número de oficinas públicas cuando sabemos que 1753 de ellas adeudan sus cuentas de electricidad o servicios. Tal es el absurdo que existen al menos dos docenas de entidades gubernamentales dedicadas total o parcialmente al "cuidado" del medio ambiente, entre ellas el ministerio del Ambiente, la Secretaría Nacional de los Objetivos del Milenio, la Subsecretaría de Protección Ambiental y la Dirección Nacional de Protección Ambiental ambas dependencias del ministerio del Energía, la Gerencia Ambiental de Petroecuador, la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de Agricultura, Consejo Nacional de Recursos Hídricos, INAMHI, Corporación de Salud Ambiental Vida para Quito, Corporación Para el Mejoramiento del Aire de Quito, y un largo etcétera y se proyecta crear el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable.

En Ecuador muchos precios no son fijados por el mercado son fijados por el Estado de la misma forma como en la Rusia soviética, son regulados los precios de: gas de uso doméstico, gasolina, diesel, fuel-oil, transporte urbano, caja de banano, margen de utilidad de gasolineras, pensiones escolares, servicio eléctrico, transporte de combustibles, sueldos y salarios y hasta de productos de consumo masivo durante algunos años. Además se piden licencias para toda clase de negocios a instancias de grupos particulares, hasta los guías de montaña han logrado que la burocracia del Ministerio de Turismo imponga una costosa licencia de guía que impide que los campesinos puedan ofrecerse libremente de guías turísticos. Las regulaciones de cuotas de producción aún se mantienen en transporte interprovincial aún cuando regulaciones similares arruinaron la industria harinera hace unos años.

A donde miremos la burocracia socialista-estatista es una plaga que todo corrompe, todo estorba y frena, consume los ingresos de las personas, les impide comerciar con el mundo, hace difícil que las personas puedan producir, crear negocios u ofrecer alternativas a los monopolios estatales (y me he olvidado de mencionar muchos otros como los ferrocarriles). El sistema en que vivimos poco tiene de liberal y mucho de socialista, fascista y mercantilista pues en realidad ninguna medida liberal de envergadura ha sido probada, y aunque la dolarización fue un éxito para combatir la inflación -es decir proteger la propiedad de las personas en sus carteras y billeteras- tampoco puede decirse que esta sea una medida estrictamente liberal, se cambió una moneda mal administrada por una moneda menos mal administrada.

En conclusión ¿de qué larga noche (neo)liberal habla el ahora presidente economista Rafael Correa? En realidad vivimos una pesadilla en esta larga noche socialista-mercantilista de la cual no vemos la hora de despertar.