La reciente pugna entre la asociación de floricultores y el ministro y ex-presidente de la asociación, Diego Borja, se va a diluir entre la minucia a la que ha recurrido el mencionado gremio para efectivizar su retaliación por los pasos en falso de un ministro que, de su puño y letra, selló el aislamiento de nuestro país por algunos años. Pero las acciones del ministro Borja no se basan en conflictos personales con los gremios, no son una traición por parte del Estado ni responden a mala fe alguna. Son la consecuencia del sistema en que vivimos.
El ministro Borja, aunque en discurso defiende la apertura y la inversión extranjera, actúa dentro de las líneas del Socialismo de Mercado. No por mala fe sino por convenciones propias de nuestro medio, él y todo el gobierno, así como los gobiernos anteriores, viven en la fantasía de que la intervención gubernamental no trae consecuencias.
Como dice Benegas Lynch, las líneas paralelas no pueden al tiempo se perpendiculares. El mercado no puede ser socialista porque son conceptos contrapuestos. Las medidas tomadas para intervenir en el mercado en todos los casos dan los resultados esperados: fuga de capitales, descensos en la inversión y, por supuesto, detienen el crecimiento. Detienen, también, los ingresos estables que precisa el propio Estado para hacer su trabajo.
Benegas Lynch habla de Redistribución cuando se extienden los niveles de intervención estatal para disponer de recursos ajenos que ya fueron distribuidos al mismo tiempo en que fueron producidos. Lejos de comprender la motivación real, podemos utilizar ese término para justificar las confiscaciones realizadas por este gobierno, no solo de los activos de la petrolera Occidental, sino de futuras ganancias, lo que inspiró la desafortunada Ley de Hidrocarburos.
Un Estado compacto, que no sea juez y parte y que limite su labor a la defensa de la seguridad y al control de las actividades no será parte de la perpetuación del sistema Socialista en que vivimos. En el Ecuador, el Estado es el mercado, cuando mantiene en sus manos el 80% de la producción. Actúa, también, de redistribuidor cuando maneja una carga impositiva de alrededor del 45% y es competidor desleal cuando mantiene empresas que compiten en el mercado con privilegios que sus contrapartes privadas no gozan y con la peligrosísima capacidad de modificar el tablero a su conveniencia.
Lo más grave es que lo modifica a su antojo, siguiendo un modelo altamente intervencionista. Y los gremios, que se ven afectados por las decisiones del gobierno y actúan en el ámbito legal en contra de los funcionarios en una búsqueda desesperada de culpables, no entienden que las líneas paralelas nunca podrán ser perpendiculares, y que no es su labor enjuiciar a un funcionario por hacer su trabajo, sino cambiar la percepción, motivar la reflexión y lograr que la propia ciudadanía rechace el Socialismo de Mercado.
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