La demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Hidrocarburos, presentada por la Cámara de Industriales de Pichincha, fue sorteada y pasó a la segunda sala del Tribunal Constitucional (TC). Los miembros del TC tendrán 45 días para analizar el caso.
E TC deberá notificar a la Presidencia de la República, al Congreso y al Procurador del Estado para que contesten la demanda en un plazo de quince días. Después de ello, la segunda sala deberá emitir un informe para la resolución del pleno del TC. El presidente de la CIP, Mauricio Pinto, aseguró que no conoce a los vocales, pero espera que analicen la demanda, “sin intervención de la política” e insistió que una ley no puede modificar los contratos con las empresas petroleras porque viola el Tratado de Protección de Inversiones, con Estados Unidos.
Por su parte , el ministro de Economía Diego Borja, calificó a la demanda como un "acto antipatriótico".
Las reformas a la Ley de de Hidrocarburos propuesta por el ministro de Economía, quien a su vez se encuentra bajo juicio por posible mal uso de fondos del gremio florícola al que pertenecía, obligan a las empresas petroleras a renegociar los contratos ya firmados con el Estado ecuatoriano, iniciativa que juicio de expertos petroleros y juristas, es inconstitucional porque violenta preceptos constitucionales y además contravendría a los acuerdos internacionales firmados en materia de defensa de inversiones.
La aprobación de estas reformas a la Ley de Hidrocarburos sumada a la confiscación de la empresa norteamericana Occidental serían los motivos de la congelación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con EEUU.
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