Por Danny Ayala Hinojosa
Es un hecho indiscutible que el ejercito de Colombia realizó una operación en territorio ecuatoriano sin seguir los procedimientos diplomáticos-militares que se requieren en este tipo de situaciones. Los habitantes del Ecuador requieren de explicaciones, disculpas y de reparaciones económicas si fuese el caso, tanto como de un compromiso serio del gobierno colombiano de no proseguir operaciones en territorios extranjeros gobernados por regímenes constitucionales.
Pero es precisamente el asunto, Ecuador no está gobernado por un régimen constitucional.
Ecuador está gobernado por un poder de facto que renunció a su legitimidad a través de las urnas al cesar al Congreso de forma definitiva a través de una Asamblea Constituyente elegida ilegítimamente. El Ecuador carece de un gobierno con un sistema de pesos y contrapesos pues el Tribunal Constitucional tanto como el Electoral son claramente gobiernistas, no existe Congreso y la Asamblea Nacional Constituyente que de facto lo ha reemplazado es ilegítima por naturaleza pues su convocatoria, elección y funcionamiento se lograron rompiendo toda consideración constitucional y legal. El gobierno de Rafael Correa Delgado se ha puesto a sí mismo fuera del marco de la ley y la Constitución. La palabra de un régimen de facto como el que vivimos pierde toda legitimidad de esta manera, sus actuaciones son cuestionables y no vinculantes. De la misma forma, la Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima de nacimiento y por ende no facultada a crear o derogar leyes, ni fiscalizar al gobierno, ni a ratificar acuerdos internacionales (ni siquera bajo la palabra escrita en su propio estatuto) carece de toda legitimidad y legalidad para secundar o fiscalizar la actuación del régimen. Sus decisiones, las de la Asamblea Nacional Constituyente, son inejecutables.
Mencionados los anteriores precedentes, debe señalarse que la posición del gobierno ecuatoriano es débil internacionalmente. En la práctica, el régimen de Rafael Correa sólo tiene un endeble asidero político, respaldado localmente por una decreciente popularidad e internacionalmente por la coyuntura configurada por un conjunto de intereses internacionales basados en el alto precio del petróleo y los compromisos políticos con el régimen de Caracas.
Es un hecho que la política internacional del régimen de Rafael Correa está claramente supeditada a la de Hugo Chávez. Quito ha dejado de ser la capital del Ecuador para convertirse en la capital de una satrapía chavista. Es un hecho que los compromisos políticos del régimen de Rafael Correa con Caracas incluyen la defensa de los intereses de los grupos subversivos del continente, en particular de los intereses de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, tal como lo demuestran las últimas decisiones de Rafael Correa frente al último acontecimiento así como la tolerancia hacia los grupos subversivos que se reunieron en Quito en días pasados.
Rafael Correa ha calificado de "masacre" el ataque de las FFAA de Colombia a un campamento guerrillero, sin embargo se ha abstenido de calificar o siquiera mencionar las atrocidades que las FARC o el ELN han cometido contra el pueblo de Colombia, atrocidades que incluyen secuestro, tortura, extorsión, robo, homicidio, manipulación de menores en combate, destrucción de propiedad. Rafael Correa ha culpado a la política del Presidente Alvaro Uribe de la violencia en Colombia -en legítima defensa- pero se ha abstenido de culpar a los iniciadores de tal violencia a los grupos terroristas de ese país. Rafael Correa ha llamado a su embajador en Colombia y ha expulsado al embajador de Colombia en Ecuador pero jamás a denunciado las incursiones de las FARC en nuestro territorio, jamás ha conminado a los líderes guerrilleros a no violar nuestras fronteras ni los ha descalificado con la claridad con la que lo ha hecho al gobierno de Colombia. El gobierno inconstitucional de Rafael Correa ha señalado que Ecuador limita al norte con las FARC, mas los hechos lo desmienten y demuestran que Colombia limita con los campamentos terroristas de las FARC desde hace mucho tiempo asentados en nuestro país en flagrante violación de territorio ecuatoriano.
Si bien, el pueblo del Ecuador merece explicaciones, disculpas y reparaciones por parte del gobierno de Colombia. Es claro que el régimen de facto de Ecuador ha volcado toda la culpa en el gobierno constitucional de Colombia, sin matices ni atenuantes.
La intención de Rafael Correa no es otra que escalar un conflicto para, en primer lugar, ocultar los pésimos resultados de su gestión política y económica así como la pésima reacción gubernamental frente a los daños causados por el invierno que actualmente azota al país. En segundo lugar, el régimen de Rafael Correa se ha aprovechado de un desafortunado incidente en la frontera para secundar la atrabiliaria política internacional del régimen chavista, política destinada a erosionar la figura del actual presidente colombiano Alvaro Uribe, mermar el apoyo internacional al combate del terrorismo que lleva el gobierno de Colombia, apoyar a las ya debilitadas organizaciones terroristas e intentar debilitar las instituciones de ese país, con el fin a futuro de expandir el número de satrapías en la nómina de Hugo Chavez en detrimento de todos los ciudadanos sudamericanos y de sus libertades y oportunidades.
Los ciudadanos de bien debemos dar la espalda a los vientos de guerra que los regímenes de Chávez y Correa quieren insuflar en la región, los ciudadanos de bien también debemos denunciar el creciente armamentismo de los regímenes de Quito y Caracas, y por último, los ciudadanos honestos de toda Sudamérica debemos decirle NO a las políticas militaristas, socializantes y totalitarias que los regímenes de izquierda quieren imponer bajo mecanismos violentos o pseudo-legales, llámese revolución armada o asambleas constituyentes, debemos decirle NO a la violencia y NO al socialismo. NO a la cultura de la muerte y de la dictadura. No al totalitarismo y NO al terrorismo.
