Petróleo ecuatoriano podría ser decomisado

Si el crudo ecuatoriano es enviado a EEUU para su refinación por parte de PDVSA bajo el acuerdo firmado por los gobiernos de Ecuador y Venezuela, éste podría ser embargado como medida cautelar por un tribunal norteamericano.

Noticia en Multimedios 106: Falta información sobre acuerdo con PDVSA

El negocio que está haciendo Ecuador con Venezuela será bueno si la relación entre lo que se envía y lo que se recibe es correcta, pero si el valor del crudo entregado es mayor que el valor de los productos recibidos, será un mal negocio, dijo. Lamentó que no se den a conocer muchos datos de la negociación. El precio de ese crudo es de unos 52 dólares el barril y el precio de los combustibles es de 85 dólares el barril. Con Venezuela se han realizado varias negociaciones parecidas y ninguna ha dado frutos, dijo Pareja.

Venezuela tiene varias refinerías en EE.UU. en la zona del Caribe y en su propio territorio, pero tienen problemas técnicos y si deciden llevar el crudo ecuatoriano que era de Oxy, un juez federal podría ordenar una medida cautelar contra este producto. Por eso, las autoridades deberán tomar en cuenta el momento en que se produce la transferencia de dominio.

El Federalista: Además de la posibilidad de un dictamen judicial en cortes norteamericanas que impida el uso del crudo procedente del Bloque 15 confiscado a Occidental. Ecuador seguirá enfrentando enormes pérdidas en la comercialización de derivados de petróleo que por concepto de contrabando le cuestan al país alrededor de 600 millones de dólares y por concepto de subsidio los ecuatorianos destinamos más de 1.600 millones de dólares. Millonarias pérdidas sin duda.

Tampoco resulta un gran negocio procesar derivados en el extranjero cuando la empresa privada bien podría construir y mantener complejos de refinación e incluso impulsar una industria petroquímica que genere miles de empleos y nuevas fuentes de productos exportables con valor agregado.

Pero todo ello solo puede ser posible si el gobierno deja de entorpecer el sector energético ecuatoriano. Es decir, cuando se privaticen las empresas estatales, cuando se desmantele la obsoleta legislación en materia de hidrocarburos y cuando -y sobre todo- se respete la propiedad ajena y no existan absurdos como confiscaciones a empresas o renegociación forzada de contratos. Esto último exige gobernantes y ministros dotados de sentido de ética y moral.