Noticia en El Comercio: La Mesa 9 plantea el fin de los arbitrajes internacionales
El Federalista: el aislacionismo internacional en cuanto a lo político es sano pero no lo es en cuanto a lo comercial y sobre todo a lo jurídico. Pretender erradicar de un plumazo el arbitraje internacional es una equivocación, una iniciativa basada en una ignorancia total con respecto a relaciones internacionales.En el Ecuador ya “no se podrá celebrar tratados internacionales que obliguen al Estado a ceder jurisdicción a instancias de arbitraje internacional en controversias de carácter contractual o comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.
Esa es una de las nuevas disposiciones que tendrá la Constitución, si es aprobada por el Pleno en segundo y definitivo informe aprobada por la Mesa 9 de Soberanía y Relaciones Internacionales. Ese informe incluye un paquete de artículos sobre los principios de la política exterior y los tratados internacionales.
Los mecanismos de arbitraje, siendo el CIADI sólo uno de varios mecanismos, son importantes para las buenas relaciones entre gobiernos y las empresas que contratan con esos gobiernos, son instancias imparciales para dirimir sobre diferendos producidos en la interpretación de contratos, y son importantes para garantizar la estabilidad jurídica y económica de una nación, sobretodo si una mantiene una institucionalidad débil como es el caso del país. Sin mecanismos de mediación y arbitraje internacionales, la percepción de riesgo aumenta y por ende se reducen las inversiones foráneas y los empleos, pues no existe seguridad de si sobre los contratos realizados en ese país podrán respetarse en el futuro por la norma y el gobierno locales. Desde luego, sin inversiones no hay empleo ni transferencia tecnológica, sin capital creando beneficios y demandando mano de obra no hay producción ni mejor calidad de vida.
En la práctica, lo que el gobierno de rafael Correa pretende, es que no exista ningún mecanismo de rendición de cuentas local o internacional que le impida renegociar unilateralmente contratos y concesiones, o que le impida imponer tributos y regulaciones ajenos a los acuerdos firmados. De manera que luego de aprobada la Constitución, el gobierno podría expropiar empresas, cambiarle los contratos autoritariamente o imponer tributos lesivos a los contratos, sin, aparentemente, ninguna traba jurídica local y sin esperar demandas internacionales.
Con la eliminación de la sujección del país a arbitrajes internacionales, el gobierno dice "ven incauto a invertir, luego te quitaremos lo que hayas invertido y luego no podrás recurrir a nadie en tu defensa".
