Conservador y retardatario

El gobierno del presidente Correa pasará a la historia como uno de los más conservadores y retardatarios del período democrático que se inició en 1979. Su política económica acentuará la pobreza y la concentración de riqueza en el país. Los primeros indicios están a la vista: la inflación en marzo fue de 6,5% anual -una de las más altas de los últimos años- y las previsiones oficiales de crecimiento económico (algo más de 4% para este año) apenas superan el crecimiento vegetativo de la población.
En el plano social, el Gobierno corre el riesgo de ahondar aún más la dependencia de los sectores más desprotegidos, si continúa con su enfoque asistencialista: entregar dinero al pobre sin que haya una política que le ayude a salir de su pobreza.
El sesgo conservador y retardatario del Gobierno no solo se evidencia en el plano económico, sino también en el político. Esta semana, el bloque oficialista de la Asamblea decidió, sin mayor debate, incluir el nombre de Dios en la Constitución, prohibir el matrimonio homosexual y el derecho al aborto.
Aunque sean temas polémicos y distintos entre sí, los tres tienen que ver con algo que debiera ser una obsesión para todos los ecuatorianos: construir una sociedad libre, equitativa y solidaria con los más débiles.
En el caso del aborto, no se trata de incentivar una ‘cultura de la muerte’, como aseguran de forma maniquea los sectores más reaccionarios. Se trata de ofrecer ayuda a una mujer que tuvo un embarazo no deseado y que, por lo demás, tiene perfecto derecho a manejar su vida reproductiva.
¿Quiénes son las más perjudicadas por un embarazo no deseado? Las mujeres jóvenes, de escasos recursos y con un bajo nivel de educación. Muchas de ellas mueren o quedan permanentemente lesionadas por practicarse abortos clandestinamente. Obligarlas a tener un hijo no deseado significa, en muchos casos, condenarlas para siempre a la pobreza y a la explotación.
En el caso del matrimonio entre gays, se trata de extender los derechos que tenemos los heterosexuales a una minoría que ha sido históricamente vilipendiada. Muchas parejas homosexuales conviven toda una vida, sin que puedan acumular un patrimonio común, por ejemplo. Permitir el matrimonio gay no es ‘fomentar el vicio’, como también dicen los sectores más reaccionarios. Es reconocer una realidad que ha estado, está y estará en la sociedad.
Finalmente, la inclusión de Dios en la Constitución es un error que pudiera romper uno de los puntales sobre los cuales se ha construido la democracia liberal: el secularismo. La mezcla de religión y política solo ha producido fanatismo y violencia. En vez de afianzar la libertad de credo -un principio esencial de cualquier sociedad civilizada- nombrar a Dios en la Carta Magna puede incluso borrar la división que siempre debe haber entre Iglesia y Estado.
¿Conclusión? El Gobierno no quiere cambiar este país. Solo quiere ganar las elecciones y mantenerse en el poder. ¿Qué pensarán todos esos asambleístas que llegaron a Montecristi con la ilusión de poner en práctica su discurso ‘progre’? ¿Tendrán previsto levantar algún rato su voz de protesta?