Breve análisis del caso del ecuatoriano Aizalia

Sobre el ecuatoriano muerto en el campamento de las FARC por tropas colombianas deben hacerse algunas reflexiones.

A Colombia le asiste el derecho a defenderse de agresiones externas pero este derecho se contradice con la ilegalidad de atacar territorio extranjero ¿Qué principio debería prevalescer?

Imaginemos que un criminal que ataca la propiedad de uno y a sus ocupantes tiene por costumbre alojarse en casa de un vecino, pensemos que ese vecino aloja a este criminal colaborativamente y desiste de actuar contra él o los criminales que se alojan en su propiedad. Al no existir un sistema de policía y justicia internacional efectivas, no hay forma de obligar al mal vecino a entregar al criminal, entonces parece no quedar otra opción que usar la fuerza para detener o abatir al criminal incluso teniendo que ingresar a la propiedad del mal vecino, no con la intención de apropiarse de la propiedad o destruirla, sino de liquidar una amenaza criminal a la seguridad propia. En este caso el perpetrador -incluso respaldado por el principio de autodefensa- debe pedir las debidas disculpas y eventualmente realizar reparaciones de índole económica.

Ahora, en el caso del ecuatoriano Aizalia muerto en el campamento terrorista de las FARC, debe primero esclarecerse el estatus de la persona fallecida ¿era un combatiente terrorista? ¿era un secuestrado? ¿era un proveedor de servicios, información o bienes de las FARC?

No hay información sobre alguna exigencia de pago de rescate por el ecuatoriano Aizalia, y al parecer tampoco hay denuncia registrada sobre la desaparición o secuestro de Aizalia, por lo que parece que el ciudadano mencionado llegó al campamento de las FARC por su propia voluntad habiendo hecho una llamada a su familia afirmando que se encontraba bien. Si lo anterior se confirma podría argumentarse algún tipo de relación de Aizalia con el grupo terrorista sea como colaboración en combate o en la provisión de información o servicios. Se descartaría también la posibilidad de que Aizalia fuese una víctima colateral que residía cerca del campamento, esto debido a lo remoto y deshabitado del lugar atacado.

Aizalia, al haber llegado voluntariamente al campamento de las FARC, fue totalmente responsable de sus actos, en control pleno de sus facultades físicas y mentales y en su momento debió sopesar el riesgo que implicaba alojarse en un campamento terrorista. concientemente accedió a viajar y alojarse en un campamento plenamente identificado como terrorista por diversas naciones como EEUU y más de una veintena de naciones europeas cobijadas bajo la bandera de la Comunidad Europea. Hoy sabemos que Raúl Reyes y compañía se sentían seguros en territorio ecuatoriano bajo el colaborativo gobierno de Rafael Correa, muy probablemente Aizalia sintió la misma seguridad, falso sentimiento de seguridad que terminó con su muerte.

De hecho, de estar vivo y capturado y de existir en Ecuador un Estado de Derecho, Aizalia enfrentaría cargos por asociación ilícita, traición por colaboración con una fuerza militar ocupante, complicidad y encubrimiento de actividades ilegales, conspiración para cometer homicidio, conspiración para cometer secuestro, etc. Aizalia no sería ningún "compañerito" ni "víctima", sería reo de la justicia y podría enfrentar cargos civiles y penales por al menos seis delitos y enfrentar a la justicia ecuatoriana y eventualmente a la colombiana si ésta solicitase su extradición, hasta incluso podría enfrentar a la justicia norteamericana si se comprobase vínculos con actividades como el comercio de drogas (cargo para mi muy cuestionable).

Tales cargos en parte podrían hacerse efectivos también contra los "turistas" mexicanos (ver video) que "estudiaban la realidad ecuatoriana" pero podrían no hacerse efectivos con las campesinas colombianas que aparentemente habrían sido obligadas a dar servicio doméstico a las tropas de las FARC en calidad de rehenes (un caso de esclavitud y otro atentado de las FARC contra los derechos humanos). Aizalia y los "turistas" mexicanos de ser encontrados culpables obtendrían al menos 12 años de prisión efectiva en cárceles ecuatorianas (24 años si la absurda ley "dos por uno" no existiese).

Pero Aizalia está muerto y parece que quieren convertirlo en mártir de la revolución y en "compañerito" de los desvaríos correísticos. Alaben al hombre muerto.