El Federalista: Dos errores graves: que la Asamblea Constituyente reestructure la Corte Suprema de Justicia es inconstitucional pues mientras no exista una nueva Constitución, la que nos rige es la de 1998 y en esta no existe ninguna figura legal que permita la reestructuración de la CSJ vía Asamblea. El segundo error es pensar que el legítimo derecho a la defensa puede ser vulnerado al proseguir un juicio sin las dos partes implicadas. Ambas son "brillantes" ideas de la mente simplona de un fascista como Rafael Correa, que si por él fuera los juicios serían sumarios, sin la asistencia de una de las partes, la mera sospecha o un discurso político bastarían como toda evidencia y la defensa del acusado podría ser opcional como en Cuba, la antigua URSS, y sin ir muy lejos así fue como se procedió con el Caso Occidental.La situación de la salida de los presos sin sentencia de las cárceles es
considerado por el Presidente de la República, Rafael Correa, como un tema complejo que “sobretodo, debería preocupar a la Corte Suprema de Justicia, pero parece que ni se enteran”, es por eso que anuncia que la Asamblea Constituyente podría reestructurar a la Corte.
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“Es culpa del Código de Procedimiento Penal, porque las audiencias, hasta que no estén las dos partes presentes, no se pueden dar, y en consecuencia una parte siempre puede boicotear la audiencia, y pueda haber 30, 35, 36 llamados a audiencia, y (si) una parte no va, (entonces) no se realiza la audiencia: es una barbaridad. Si a la primera vez no fue, que pena por él, (pero) se realiza la audiencia sin la otra parte”.
Para que la justicia marche en forma expedita garantizando los derechos de los acusados se requieren medidas inteligentes como eliminar de la legislación todos los crímenes sin víctima que generan un caos jurídico: narcotráfico, contrabando, prostitución, coyoterismo, especulación, usura, etc. Reducir los aranceles, subsidios e impuestos que generan en primer lugar pobreza y segundo generan un incentivo para evadir los controles aduaneros y fiscales; eliminar los extensas regulaciones laborales, los cuerpos legales sectoriales y las normativas de las superintendencias que crean un caos regulatorio que generan a su vez miles de juicios lentos sobre temas que no deberían ser objeto de penalización en la ley. Ninguna legislación debería basarse en el concepto de precaución sino en el de responsabilidad, los juicios sólo deben llevarse a cabo por daños y perjuicios efectivamente cometidos no por la sola probabilidad.
Diré algo que nadie se atreve a decir: deben denunciarse los tratados internacionales antidrogas, la guerra contra las drogas es una guerra perdida pues cualquier mercado no se elimina vía decreto o poniendo un policía en cada esquina y mientras haya una demanda de drogas existirá una oferta. Combatir la oferta de estupefacientes solo aumenta el precio de la droga y sus utilidades y generará sicariato, corrupción y una guerra inutil y costosa. Combatir la demanda de estupefacientes implica una violación del derecho de una persona a tomar decisiones sobre su cuerpo por erradas que estas decisiones sean, y de paso es socapar a los padres irresponsables incapaces de compartir tiempo de calidad con sus hijos.
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