El Gobierno Nacional se mantiene a la espera de una respuesta favorable del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, que fue aprobada por el Ejecutivo y el Legislativo y objetada por el sector empresarial. Los industriales de Pichincha presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley petrolera, demanda que el Ejecutivo aspira sea rechazada por el TC.
El secretario de la Administración Pública, José Modesto Apolo, manifestó que en caso que la segunda sala del Tribunal falle a favor de los empresarios el Ejecutivo convocaría a una consulta popular, que se desarrollaría el mismo día de la primera vuelta electoral, el 15 de octubre de 2006.
Mediante una sexta papeleta, que según Apolo “es un hecho” se tomarían en cuenta dos temas como son educación y reforma política.Para el ex ministro de Gobierno, Wladimiro Álvarez, la consulta popular es “inoportuna” por dos razones. Primero por que se realizaría de forma simultánea con las elecciones para elegir dignidades nacionales y seccionales y segundo por la proximidad de los próximos comicios.
El Federalista: El gobierno de Palacio quiere aprovechar de la buena fé de la gente y del limitado conocimiento de los vericuetos legales que ella tiene, para su beneficio político. Palacio cuenta con que las actuaciones inconstitucionales de su gobierno pasen como beneficio para el país. Mas solo ha logrado ponerle al país bajo crítica por los atropellos a las inversiones petroleras tanto nacionales como extranjeras, ha puesto al país en una débil posición frente a la competencia comercial con nuestros vecinos que sí firmaron el TLC y ha comprometido la buena marcha de la economía ecuatoriana. Pues una economía sana no consiste en arcas llenas de dinero malhabido, consiste en un ambiente de respeto a la ley y al derecho, a la apertura al comercio internacional y el manejo prudente del dinero público. Nada de esto ha hecho el gobierno confiscador de Palacio.
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